Ayer de madrugada, horas después de que entraran en vigor en Arizona las partes menos polémicas de la controvertida ley SB1070, que elevaba a la categoría de delito la simple presencia de inmigrantes sin papeles en el estado, una manifestación salió desde las puertas del Capitolio de Phoenix para después sentarse a las puertas de la oficina del sheriff Joe Arpaio, que volvía a lanzar a 200 de sus agentes a las calles en redadas contra inmigrantes.

Mientras, en las oficinas de la gobernadora republicana, Jan Brewer, se ultimaban los detalles para apelar la decisión de la jueza Susan Bolton, que el miércoles frenó la aplicación de las provisiones más duras de la ley; en campañas para las legislativas de noviembre los estrategas intentaban empezar a sacar partido. No cabe duda: la decisión de Bolton no ha puesto ningún punto final al hoy más encendido debate político.

LAS CONSECUENCIAS / Los analistas políticos y judiciales examinaron ayer las consecuencias de esa decisión: desde el aviso que lanza a los otros 17 estados que debaten propuestas similares hasta la posibilidad de que el asunto llegue al Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse de nuevo sobre el conflicto de competencias federales y estatales.

Tanto republicanos como demócratas intentaban ayer sacar partido a lo ocurrido, prometiendo convertir la inmigración en uno de los temas centrales de la campaña electoral de noviembre. Los primeros ya han empezado a movilizar a sus bases conservadoras y los segundos tratan también ya de rentabilizar su postura y ganar voto hispano. Y en el Congreso de Washington, aunque el debate está lejos de tener repercusión en el proceso legislativo, se siente la urgencia de prestar atención a un tema abandonado.

Para ninguna de las partes en conflicto, las 36 páginas de la decisión judicial de Bolton no representan ni una victoria ni una derrota definitiva. «Las condiciones que alumbraron la ley siguen en la mesa», denunciaba Pablo Alvarado, director de una red de activistas. «No acaba con el odio. Las tensiones se elevarán, y hay gente más enfadada ahora», enfatizaba.

Mientras, los inmigrantes sin papeles mantienen la cautela. Y otros siguen dejándose la vida intentando llegar. La morgue de Tucson ha pedido dos camiones refrigerados para guardar más cadáveres. Este mes, 52 cuerpos sin vida han sido localizados en el desierto.