La Corporación Municipal celebró el miércoles el último Pleno del curso con dos temas en el orden del día: las ayudas de transporte para los familiares de personas en régimen penitenciario y el cierre del servicio de atención socio-jurídica a inmigrantes, Heldu.
El primer punto fue llevado a Pleno para su aprobación definitiva. Las bases que regulan la concesión de ayudas individuales de transporte para familiares de personas en régimen penitenciario fueron aprobadas de manera inicial el pasado 26 de mayo, junto al resto de los programas de subvenciones para el año 2010. Durante su periodo de información pública fueron objeto de una alegación por parte de la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Legazpi. Una vez analizada en la comisión de Servicios Sociales, el Pleno aprobó el miércoles la desestimación de la alegación y la aprobación definitiva de las bases con 3 votos en contra (PSE-EE 2 y concejal no adscrita 1) y el apoyo del resto de la Corporación.
Contra el cierre de Heldu
También salió adelante una moción presentada por Ezker Batua Berdeak-Aralar, en la que insta al Gobierno Vasco a no cerrar el servicio de atención socio-jurídica para inmigrantes, Heldu. El texto aboga por la apertura de un periodo de reflexión hasta la llegada del III Plan Vasco de Inmigración, manteniendo mientras tanto el programa Heldu en funcionamiento. El portavoz del grupo, Iñaki Sánchez, recordó los orígenes de este servicio: «En el año 2002 se instauró en la Comunidad Autónoma del País Vasco una estructura de primera acogida municipal para inmigrantes, lo hacía por mandato unánime del Parlamento Vasco y de la mano del primer Plan Vasco de Inmigración, dentro del que se pusieron en marcha recursos públicos como Heldu, que en coordinación con los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento, establece un procedimiento con cada inmigrante, ofreciéndole asesoramiento jurídico especializado a fin de poder regularizar su situación y su acceso al mercado laboral, evitando así las situaciones de dependencia sobre los Servicios Sociales municipales o su irregularidad administrativa», apuntó Sánchez. «Una vez puesto en marcha este programa, ha sido una herramienta básica, habiendo atendido a 34.000 expedientes», señaló el concejal. «Sin embargo, el actual departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha expresado, por los medios de comunicación, su decisión de suprimir Heldu, lo que supondría dejar en la más absoluta desatención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en un momento de grave crisis, aumentando su cronificación en los Servicios Sociales y dificultando su integración laboral, teniendo que ser cada Ayuntamiento el que atienda aisladamente esta realidad», indicó Sánchez.
La moción de Ezker Batua Berdeak-Aralar salió adelante con 7 votos a favor (PNV 3, Hamaikabat 3 y EB 1), 3 abstenciones (equipo de Gobierno) y 3 votos en contra (PSEE-EE 2 y concejal no adscrita 1). Desde el partido socialista, José Morcillo argumentó su voto negativo incidiendo en la importancia de acabar con la duplicidad de servicios: «Las decisiones del Gobierno Vasco en torno a la reorganización de los servicios sociales se están tomando desde la responsabilidad, más en un momento en el que se están pidiendo a la ciudadanía extraordinarios esfuerzos para racionalizar el gasto público, creemos que no hace más por la atención a los ciudadanos quién duplica las estructuras, se trata de ordenar y racionalizar» señaló. «Heldu ha venido haciendo lo que ya antes, durante y después de este programa, hacían las organizaciones sociales» apuntó Morcillo. «Los inmigrantes disponen de los sistemas generales de atención que tienen todos los vascos y vascas, que es lo que deben de tener» indicó.
Desde el equipo de Gobierno, Jon Erramun Uribeetxeberria explicó la abstención de su grupo aclarando que estaban de acuerdo con la mayoría de las partes de la moción: «Expresamos toda nuestra solidaridad a los trabajadores de Heldu y reafirmamos nuestra postura en contra de esta imposición, pero creemos que el debate de fondo no es Heldu, sino que Euskal Herria tenga transferidos todos los derechos para gestionar y decidir por sí misma sobre esta materia», indicó. «No creemos que el servicio vasco de empleo Lanbide pueda gestionar por si sólo todo lo relacionado con facilitar la inclusión laboral de los inmigrantes, además, todos conocemos el último informe del Ararteko sobre la situación de los Servicios Sociales de base, donde viene a decir que estamos al borde del colapso, de modo que este ente no va a poder asumir el trabajo especializado que hasta ahora ejercían 12 juristas», incidió.
El PNV por su parte, ratificó su voto a favor de la moción, mostrándose de acuerdo con el texto desde el principio hasta el final: «No compartimos ni el fondo ni la forma en la que se han hecho las cosas y nos parece un verdadero despropósito», declaró Ane Urkiola.
La sesión del miércoles marcó el inicio de la temporada vacacional, no habiendo previsto ningún Pleno ordinario para agosto. En septiembre tendrá lugar la vuelta al ruedo, con un nuevo curso político que tendrá a las elecciones municipales como plato fuerte.