Los vecinos del centro de Pozuelo de Alarcón (82.400 habitantes) se quedarán sin cámaras de videovigilancia. Al menos de momento. La Comisión Regional de Videovigilancia, a cuyo frente está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha rechazado esta petición municipal al entender que no estaba plenamente justificada la propuesta para colocar 12 ojos electrónicos que graben durante las 24 horas del día para controlar los altercados y delincuencia que haya en la zona. Contra esta medida, se puede recurrir, según consta en el propio escrito de la comisión.

El Ayuntamiento recibió 1.470 firmas de vecinos de las calles de las Flores, Doctor Cornago y Martínez Campos, entre otras, en las que pedían que se instalasen 12 cámaras para aumentar la vigilancia en esta zona. Se quejaban de que eran continuos los altercados en los bares, la música alta durante la madrugada y el menudeo de drogas. El propio concejal de Seguridad, Gerardo San Pedro, explicó que esas calles están muy frecuentadas por inmigrantes dominicanos y marroquíes. Al tener otra cultura distinta a la española, explicó, suelen montar bastante alboroto durante la noche.

La Comisión Regional de Videovigilancia, en la que también interviene la fiscalía y representantes de la Delegación del Gobierno en Madrid, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, entiende que los datos aportados en la petición son insuficientes para permitir una medida que afecta a la intimidad y a la libertad de las personas.

Algunos integrantes de la comisión llegaron a comentar durante el debate que los datos de delincuencia aportados por Pozuelo no son altos y que, si se diera permiso con esa argumentación, muchísimas zonas de la región deberían contar con sistemas similares de videovigilancia. La instalación de cámaras suele estar supeditada a que exista un alto índice de inseguridad o que se produzcan numerosas reyertas y peleas.

Los integrantes de la comisión dejan la puerta abierta para que el Ayuntamiento de Pozuelo pueda recurrir la negativa. De hecho, no descartan modificar su decisión si aportan los datos de delincuencia en la zona – basados en la información de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad – y estos son suficientemente significativos como para justificar la medida.

Los jueces no entraron a valorar el problema de la inmigración, por no considerarlo un dato objetivo para sus conclusiones, según fuentes de este organismo oficial.

El informe de solicitud fue redactado por un suboficial de la Policía Local. Los ojos electrónicos supondrían un desembolso de 25.000 euros. Las imágenes serían transmitidas directamente a través de la red de fibra óptica del Ayuntamiento. Las recibiría en tiempo real a la central policial, cuyos agentes serían los encargados de custodiar los datos de forma que solo lo pudieran consultar los mandos a petición de los jueces. El resto de imágenes se borrarían de manera automática al mes, como tiempo máximo, según recoge la legislación actual.

La ley también obliga a que las cámaras no enfoquen a domicilios privados y que sean tapadas todas aquellas que afecten a la intimidad de los vecinos y residentes de la zona. También deberá quedar claro quién y dónde recibe las imágenes a través de carteles anunciadores previos a la entrada en la zona. De esta forma, los ciudadanos saben a quién dirigirse en caso de querer ejercer su derecho de acceso, cancelación y rectificación a los datos.

Hasta la fecha, cuatro zonas de la capital disponen de cámaras de videovigilancia. Se trata del Museo de Esculturas al Aire Libre, del paseo de la Castellana; la plaza Mayor y las calles aledañas, la calle de Montera y algunas cercanas a la Gran Vía y el barrio de Lavapiés. En la reunión de la comisión, todas recibieron el visto bueno de la comisión para seguir instaladas.

Otras zonas de la región, en especial urbanizaciones privadas con residentes de alto poder adquisitivo, también han instalado cámaras de seguridad a las entradas de estas áreas. Las han legalizado generalmente con la petición a la Agencia Regional de Protección de Datos.