Bilbao. La Justicia dio ayer un respiro a la comunidad inmigrante de Estados Unidos. La jueza federal Susan Bolton ordenó el bloqueo de las partes más polémicas de la ley del estado de Arizona que criminaliza la inmigración indocumentada. La normativa entra en vigor hoy, pero sin los artículos que tanto organizaciones de derechos civiles como el Gobierno de Barack Obama habían tachado de discriminatorios. Así, no será delito el hecho de no portar papeles, la policía no estará obligada a solicitar los documentos de residencia a aquellos de quienes sospeche que se encuentran en situación irregular ni tampoco podrán comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. La decisión judicial deja vigentes aquellos artículos que no han sido motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes indocumentados en las calles para llevarlos a trabajar.

Los fragmentos de la ley bloqueados quedarán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido. La orden de la jueza está motivada por la “probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes irregulares bajo la nueva ley”. “Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes irregulares que sólo el Gobierno federal tiene autoridad para imponer”, según señala el dictamen. La ley antiinmigrante de Arizona o la SB 1070, como se la conoce popularmente, fue promulgada por la gobernadora Jan Brewer en abril y ha levantado un intenso debate sobre las leyes de inmigración del país.

Los defensores de la normativa, entre ellos el 60% de la población estadounidense, consideran que la ley responde a la necesidad de los estados fronterizos de regular la inmigración indocumentada ante la “inacción” del Gobierno federal en la materia. Sin embargo, el Ejecutivo de Obama no opina lo mismo y demandó la SB 1070 argumentando que las leyes migratorias son competencia de su Gobierno. Por ahora, la Justicia le ha dado la razón.

Persecución Las principales críticas a esta ley vienen por parte de los grupos de defensa de los derechos humanos que consideran que los artículos bloqueados pueden llevar a una persecución de la comunidad hispana basándose en su color de piel. Por este motivo, la decisión de la jueza Susan Bolton ha sido recibida con alegría y esperanza entre los inmigrantes. “Esta es una victoria parcial muy importante que nos permite un poco de aire fresco en un momento en el que la comunidad se siente asfixiada por tantas leyes antiinmigrantes en todo el país”, opina Jorge Mario Cabrera, activista por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, momentos después de conocer la noticia. Sin embargo, considera que aún no se ha dado la batalla final a esta ley porque “la jueza sólo ha congelado parte de ella, mañana (hoy) entra en vigor, así que no descansaremos hasta que sea eliminada”.

La comunidad hispana de todo el país ha respondido contundente a esta ley desde el principio. Manifestaciones masivas y exigencias de una reforma migratoria que evite estas situaciones han sido constantes. Y estos días el ambiente estaba más tenso que nunca. Los inmigrantes han partido de decenas de caravanas de autobuses hacia Phoenix, en Arizona, y varios grupos de diferentes estados han viajado a Washington para exigir el bloqueo de esta ley. “Tenemos mucha esperanza de que algo bueno vaya a pasar, Dios quiera que mañana (hoy) no entre en vigor esa ley. Estamos haciendo un movimiento nacional conjunto y esa es la mayor fuerza que tenemos. Cuando el pueblo se levanta no hay quien lo detenga”, decía momentos antes de conocerse la decisión judicial Nora Sandigo desde Washington.

Esta activista es “guarda legal” de 800 niños estadounidenses, hijos de inmigrantes que han sido deportados a sus países de origen. Ayer llegó a la capital con 600 de ellos. Su exigencia es que el Gobierno firme una orden que detenga las redadas y deportaciones, que este año se han duplicado. Todos ellos fueron recibidos ayer por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y hoy esperan que lo haga el propio Obama.

Las organizaciones de inmigrantes exigen que el presidente cumpla su promesa electoral y promueva una reforma migratoria en el Congreso que dé un respiro a los doce millones de indocumentados en el país, una tarea más que complicada en este momento.