Arizona no será, al menos por ahora, el laboratorio para experimentar con las leyes más duras de inmigración de Estados Unidos. Ayer por la mañana, en víspera de que entrara en vigor la polémica Ley SB1070 aprobada en abril que convierte en delito estatal permanecer en el estado sin papeles, la jueza federal Susan Bolton decidió paralizar las partes más conflictivas de la norma.

Bolton no anuló la ley, que iba a entrar en vigor un minuto después de la medianoche de hoy, sino que obligó a que no se apliquen algunas de sus provisiones mientras dirime las siete demandas interpuestas por el Gobierno de Barack Obama, la Unión Americana de Libertades Civiles, policías locales que no querían aplicarla y otros grupos de inmigrantes y derechos civiles. Pero la gobernadora republicana de Arizona, la conservadora Jan Brewer, lejos de arredrarse, anunció que presentará batalla pese a su desilusión inicial. «Esta pelea está lejos de haber acabado; es más, acaba de empezar», dijo para, a renglón seguido, anunciar un proceso de apelación acelerada que no descarta llevar hasta el Tribunal Supremo.

En concreto, Bolton paralizó algunas de las partes que más controversia habían desatado; entre ellas, la que obligaba a los agentes de la ley a intentar determinar el estatus legal de cualquier persona parada, detenida o arrestada que sospecharan de permanecer en el estado sin papeles y la que convertía en un crimen no aplicar o no poseer «papeles de registro de extranjeros».

Asimismo, Bolton tampoco permitirá que, al menos por ahora, se considere un delito la búsqueda de trabajo por parte de inmigrantes sin papeles en lugares públicos -aunque sí entrará en vigor la sección referida a temporeros que buscan trabajos día a día- y, según su decisión, las autoridades no podrán detener sin una orden judicial a una persona que sospechen que ha cometido un delito que conlleve la deportación. La jueza basó su decisión en que las partes que paraliza «no son equitativas ni van en el interés público». Asimismo, opinó que «requerir que los agentes y las autoridades determinen el estatus de inmigración de todas las personas que son arrestadas pone un peso en residentes legales porque su libertad sería restringida mientras se comprueba su estatus».

Su decisión, que provocó la denuncia inmediata de los promotores estatales de la ley, da una victoria temporal pero de enorme significado al Gobierno de Obama.

BALÓN DE OXÍGENO / El presidente ha luchado en los tribunales contra la norma a través del fiscal general, Eric Holder, escudándose en que la regulación de la inmigración es responsabilidad de Washington, argumentando que ese poder regulador federal prima sobre el de los estados y alertando de que, de no detener la SB1070, se abrirían las compuertas a un torrente de leyes similares. Son normas sobre las que pende la sombra del racismo, ya que, aunque no oficialmente, la ley planteaba un mayor riesgo de proceder a más detenciones según los perfiles raciales y, concretamente, el perfil de los hispanos.

La jueza no entró ayer en discusiones sobre ese potencial racismo, pero sí reconoció que hay «una probabilidad significativa» de que los agentes arresten «erróneamente a residentes legales», cargando sobre ellos un peso «inusual y extraordinario que solamente el Gobierno federal tiene autoridad para imponer».

El 30% de la población de Arizona es hispana y se calcula que en el estado, el más transitado en cuanto a cruces ilegales de la frontera con México, hay 450.000 indocumentados.

EN EL CENTRO DEL DEBATE / Desde que la ley fue firmada en abril por la gobernadora republicana Jan Brewer, el estado se ha colocado en el centro del debate nacional sobre la inmigración. Ha forzado a Obama a poner el aplazado tema de la reforma en su agenda. Y ha vuelto a demostrar las divisiones en el país. Arizona ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones tanto a favor como en contra. Aunque las protestas contra la norma han demostrado el hartazgo de los votantes hispanos con la inacción de Washington y han revelado que la mayoría de los ciudadanos aprueban tomar medidas duras.