Era la más destacada defensora de los derechos de los gitanos rumanos en el Reino Unido. Un referente, una luchadora. Lavinia Olmazu había defendido la dignidad de su etnia ante la ONU. Sin embargo, su lucha ha resultado ser un fraude.

Olmazu, de 31 años, fue arrestada y se declaró culpable ante el juez por liderar una trama que, entre noviembre de 2007 y agosto de 2009, se dedicó a vender documentación falsa a rumanos en el paro para que éstos pudieran contar con ayudas sociales. Obtuvieron subsidios por un valor de 3,5 millones de euros, según datos de la Policía.

Nadie se esperaba esto de ella. Su trayectoria era impecable. Tras licenciarse con excelentes notas en Filología Rumana por la Universidad de Bucarest, obtuvo una beca para realizar un máster en Políticas Sociales Europeas en la prestigiosa London School of Economics. Después trabajó para distintos centros de investigación, siempre en el campo de los gitanos, liderando campañas y convirtiéndose en la interlocutora de su comunidad en el Reino Unido.

Vivía en un piso de Woodford Green, en el noreste de Londres, junto a su pareja actual, Alin Enachi, de 29 años, también gitano, y el hijo de ella, de 10 años de edad. La pareja lideraba una banda, integrada por otros seis rumanos sin trabajo y sin techo, que se dedicaba a obtener números de la seguridad social para extranjeros presentando documentos ficticios y dando falso testimonio ante los servicios sociales. Enachi les hacía de intérprete. Una vez eran inscritos en la seguridad social, pedían todo tipo de ayudas, que casi siempre les daban.

El número de la seguridad social es imprescindible en el Reino Unido para poder reclamar subsidios. Pero la legislación británica de 2006 previa a la entrada de Bucarest en la UE prohíbe entregarlo a ciudadanos rumanos si éstos no prueban que tienen un trabajo remunerado.

Además de engañar a las autoridades británicas, la activista gitana cobraba a los desesperados inmigrantes que llegaban sin hablar una palabra de inglés. Las tarifas eran: 95 euros por una carta de trabajo, 85 por hacerles de intérprete, 70 por rellenar los formularios. La policía halló las plantillas de la documentación en los ordenadores personales de Enachi y Olmazu.

La tapadera era Roma Concern, una presunta ONG que la pareja fundó en 2007 y que resultó no estar inscrita en ningún lugar. En total Enachi acudió a 356 entrevistas, en las cuales 172 personas obtuvieron ayudas sociales por un valor de hasta 3,5 millones de euros.

La policía inició la investigación alertada por el excesivo número de rumanos que pedían ayudas en la misma oficina.

«Olmazu es una mujer gitana bien educada que abusó de su posición de confianza y que, en vez de ayudar a sus compatriotas a integrarse, les enseñó a engañar al sistema», explicó Melanie Groves, la detective al frente de la investigación.

Cada miembro de la banda obtuvo más de 36.000 euros. Todos admitieron su delito ante el tribunal. Enachi ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel, y el resto a un año. Sólo falta saber la sentencia para Olmazu, que ha admitido su delito. El 17 de septiembre se conocerá el destino de la activista, aunque lo más seguro es que acabe entre rejas.