La jueza federal estadounidense Susan Bolton ordenó hoy el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración del estado de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que entrará en vigor mañana, jueves.

La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra entre ellas una del propio Gobierno de Estados Unidos.

Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.

En la orden de la jueza se indica que “hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley”.

“Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga ‘extraordinaria, inusual y característica’ a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer”, añade el dictamen de la jueza.

La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.

También queda en suspenso la aplicación de otro apartado que obliga a los inmigrantes a llevar siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en EEUU.

Igualmente se suspende la parte de la ley que convertía en delito que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, fue promulgada por la gobernadora Jay Brewer en abril pasado.

Sus críticos alegan que puede llevar a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.

Se calcula que en Arizona hay unos 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos, y en todo EEUU unos 12 millones.

Según las encuestas, la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070.

Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60%el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.

El Departamento de Justicia de EEUU había apelado contra la norma al alegar que los estados no pueden usurpar la potestad federal de dictar la política migratoria.