El cierre del Servicio de Atención Socio-Jurídica a la Población Inmigrante (Heldu), efectivo desde el 15 de julio por orden del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, ha sido recibido con lógica inquietud y preocupación por parte de instituciones y agentes sociales, que se sienten a partir de ahora más desamparados si cabe para poder dar respuesta a las demandas y necesidades de un colectivo formado, en gran parte, por personas que carecen de documentación administrativa y, como resultado de ello, se encuentran en una situación de mayor indefensión y vulnerabilidad.
Heldu nace en 2002, a propuesta del anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales que, por primera vez en la historia de la Administración vasca, incluyó en su organigrama una Dirección de Inmigración. Fuimos conscientes, desde un principio, de la prioridad de abordar un fenómeno nuevo en Euskadi, entonces aún incipiente, que apenas superaba el 2% del total de la población. Hoy esta cifra alcanza ya el 6% y es obvio concluir que el Ejecutivo autonómico ni puede ni debe eludir esta realidad. Clausurar Heldu resulta, cuando menos, una decisión equivocada, cuyas consecuencias no han sido bien valoradas. Hablamos de un servicio integrado por profesionales competentes, con experiencia acreditada en un campo complejo, cuya labor cuenta con el reconocimiento de todas las instancias implicadas en el ámbito de la inmigración. No es un hecho casual que, entre otras muchas voces, el Tribunal Superior de Justicia, los colegios de Abogados, la Asociación de Municipios-Eudel, centrales sindicales como ELA, LAB y CC OO, ONG, SOS Racismo, Cáritas y la Coordinadora Harresiak Apurtuz hayan salido en defensa de Heldu. Vivimos en una comunidad en la que no son frecuentes consensos de esta naturaleza, y sólo por ello merecen ser tomados en consideración.
Sin duda alguna, una contestación como ésta, compartida por PNV, Aralar, Eusko Alkartasuna, UPyD y Ezker Batua-Berdeak, es decir, todo el arco parlamentario con la única excepción de PSOE y PP, obliga al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a reconsiderar su postura, garantizando la viabilidad futura de este servicio. Quienes se han presentado ante la sociedad como adalides de la pluralidad, la transversalidad y la participación ciudadana no pueden actuar después desde la imposición en una materia tan sensible como la inmigración. Nunca imaginamos que el ‘cambio’ pasara por limitar derechos fundamentales de los sectores más desprotegidos.
El cierre de Heldu se ha planteado de modo unilateral, sin que se haya mantenido, en ningún momento, un diálogo abierto y fluido ni con los gestores del servicio, ni con las instituciones y agentes sociales afectados por su desaparición. No ha habido voluntad de alcanzar un acuerdo, aunque éste fuera de mínimos o de carácter temporal; la decisión de clausurar Heldu ha sido irrevocable y ha estado condicionada por la urgencia y la falta de información. No se ha planificado medida alguna para cubrir el vacío dejado por este servicio y las propuestas alternativas sólo han llegado tras la avalancha de críticas, y todas ellas son un ejemplo de improvisación y falta de rigor y convicción.
Siempre he creído en la vigencia de Heldu como un servicio gratuito e integral, destinado a ofrecer instrumentos para hacer posible la integración y la regularización de las personas inmigrantes. En ocho años de vida ha tramitado aproximadamente 34.000 expedientes, que ponen en evidencia a quienes niegan su razón de ser. El asesoramiento individualizado para obtener la documentación administrativa exigida, acceder al mercado laboral o recibir ayuda ante coyunturas de extrema vulnerabilidad no puede ser sustituido por un teléfono o un correo electrónico, cuya existencia y funcionamiento son desconocidos por las personas interesadas.
Tampoco es una solución viable la opción de recurrir al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, y menos aún delegar las competencias de Heldu en el Programa Biltzen, impulsado también por el anterior Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Su área de actuación se circunscribe en la actualidad a la mediación y a la educación intercultural, toda vez que el nuevo Gobierno vasco ha eliminado su papel en el ámbito del mercado laboral. Biltzen realiza un gran trabajo, y es un acto de justicia valorarlo. De hecho, su contribución a la convivencia resulta imprescindible, pero, nos guste o no, carece de personal especializado en asistencia legal en materia de extranjería.
Del mismo modo, no es lícito trasladar esta responsabilidad a los servicios sociales de los ayuntamientos, ya suficientemente desbordados ante una demanda creciente derivada de la crisis económica, y menos aún a las ONG, que están sufriendo una limitación de recursos que será cada vez más importante a tenor de la política emprendida por los gobiernos de Madrid y Euskadi. Condenar a la indefensión a un colectivo de personas que llegan a nuestra comunidad con un proyecto de vida estable, que busca el arraigo laboral y familiar, es incompatible con una apuesta sincera por la profundización democrática y el reconocimiento de derechos de ciudadanía.
No me corresponde aconsejar a nadie en el camino que debe seguir o las iniciativas que ha de liderar, pero en este caso concreto me permitiré una licencia y emplazaré al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a que escuche y atienda todas las peticiones, entre ellas la mía, en apoyo a la continuidad de Heldu. En este viaje sólo les acompaña el PP y tienen enfrente al conjunto de instituciones y agentes políticos y sociales de Euskadi. Por algo será. Rectificar es tan sano como sabio, y sólo desde la prepotencia se puede perseverar en un error, fácilmente subsanable desde el diálogo y el acuerdo. Todavía hay tiempo. No lo desaprovechemos.