EL próximo 29 de julio entrará en vigor, si normalmente sigue su curso, la denominada ley de Arizona, que convierte en delito la inmigración ilegal. Esta ley permite que la policía solicite la prueba de su residencia a cualquier persona que considere oportuno, abriendo lo que se ha denominado “la caza del emigrante ilegal”. El presidente Barack Obama es contrario a esta ley, que considera racista, y ha presentado un recurso. El resultado es que la inmigración, tema que fue decisivo para Obama en su campaña electoral para ganarse el voto latino, ha profundizado la división entre los estadounidenses.

Los inmigrantes son un activo para Estados Unidos, aunque la existencia de unos 11 millones de indocumentados en el país divide al electorado y a sus dirigentes políticos. La ley es draconiana e injusta, pero existen dudas de que Obama, pese a su determinación, logre pararla. Para empezar, cualquier modificación de la norma exige la cooperación de los republicanos, y eso es algo que parece prácticamente imposible. Los republicanos se han convertido en el partido del no, y nada indica que esta vez vayan a dar su brazo a torcer. Es más, George W. Bush, republicano, ya intentó en su día una reforma similar y fracasó.

Otro argumento en contra es la proximidad de las elecciones legislativas del mes de noviembre, y la inmigración es un asunto envenenado como para manejarlo antes de unos comicios que pueden alterar el juego de fuerzas parlamentarias, ahora favorable a Obama. En noviembre, además de la totalidad de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado, estarán en juego 19 puestos de gobernador actualmente en manos de demócratas, cargos de gran influencia cara a las presidenciales del 2012. Y prácticamente en todos esos estados existe una corriente de opinión favorable a la ley de Arizona y contraria al recurso presentado por Obama. En muchos de ellos incluso hay en marcha propuestas similares a la que la Casa Blanca considera anticonstitucional. Un 60% de los ciudadanos, según los sondeos, apoya la decisión de Arizona de convertir en delito la inmigración ilegal.

Obama ha abierto el camino para la legalización de los trabajadores inmigrantes, respetando sus derechos y favoreciendo la prosperidad de Estados Unidos. La presencia de los ilegales es imprescindible, ha dicho el presidente. Pero la duda se ha instalado incluso entre los demócratas. El índice de paro sigue siendo alto para los estándares estadounidenses (9,5%), y ello aumenta el temor de determinados sectores por la legalización de una mano de obra que ahora resulta barata.