PAMPLONA. Tres de cada cuatro personas creen que continuarán en Navarra dentro de cinco años (esta preferencia desciende cinco puntos respecto a 2008), si bien casi el 11% del total de la población piensa que volverá a su país, según los datos del informe La incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante en Navarra.

El 23% de las personas inmigrantes encuestadas en febrero de este año reconoce que algún familiar suyo ha regresado al país de origen, aunque este porcentaje en principio no se vea reflejado en los datos del padrón, ya que a 1 de enero del 2010 los números confirmaban que siguen llegando a Navarra más personas extranjeras de las que se marchan de la Comunidad foral. Del estudio se deduce, sin embargo, que el proyecto migratorio de la mayoría de las personas extranjeras no se ha visto afectado a largo plazo por la crisis.

“La situación de los países de origen y los vínculos y raíces que se establecen en el territorio de acogida refuerzan una idea que a veces no se extiende en el imaginario colectivo: la mayoría de las personas inmigrantes tienen la intención de quedarse en esta sociedad”, remarcan sus autores. De este modo, el 54,1% de las personas entrevistadas manifiesta su intención de quedarse a vivir en este país, cifra que supera en cinco puntos el índice del 2008.

Un 19,2% piensa que no se quedará, el mismo porcentaje que hace dos años, mientras que el porcentaje de indecisos sigue siendo muy “similar”. Son las personas latinoamericanas las que en menor medida tienen decidido quedarse (42,3%), mientras que las provenientes del Norte de África son las que tienen más claro (74,2%) su permanencia en el Estado. Asimismo, un 18,6% de personas nacionalizadas españolas tienen decidido no establecerse definitivamente en la península. El estudio destaca este dato porque viene a reforzar “la corriente de los flujos migratorios de ida y vuelta”.

DISCRIMINACIÓN Por otro lado, casi el 40% de las personas entrevistadas se sienten tratadas de forma diferente por el hecho de ser inmigrantes. Este porcentaje es muy similar al que resultaba en 2008, cuando era el 42%, con otra pregunta y respuestas diferentes. En 2010 las mayores percepciones de un trato diferencial se dan en el trabajo (24%), en los establecimientos públicos (21%) y en la calle (20,1%).

Estos ámbitos son también los que ocupaban las primeras posiciones en 2008. En cambio, en el resto de áreas (con sus vecinos, por los cuerpos de seguridad, por la Administración, en vivienda, atención sanitaria o educación…) se da una menor proporción de discriminación. Los datos también sugieren lo que se avanzaba en 2008: los procesos de discriminación se producen más fácilmente en el seno de la sociedad civil (trabajo, establecimientos públicos, en la calle), que en contextos mediados por instituciones públicas (cuerpos de seguridad, administración, sanidad, educación), donde parece aplicarse un tratamiento más igualitario que es propio de su regulación normativa. Pero además, parece más probable, según el estudio, que esta diferencia de trato se produzca en relaciones “anónimas”, como puede ser la calle, más que en comunicaciones “cercanas como el vecindario y/o mediadas por una institución pública”. En 2010 el envío de dinero a los países de origen no llega a los 1.500 euros/año, mientras que en 2008 la población encuestada enviaba unos 1.700 euros anualmente.

De este modo, un efecto de la crisis es la disminución de las remesas enviadas e, implícitamente, el aumento de los flujos monetarios que se dan en sentido contrario: también es la familia que se encuentra en el país de origen quien apoya económicamente al inmigrante que está en Navarra. Aproximadamente uno de cada diez inmigrantes (el 10,9% del total de personas encuestadas) afirma que en la actualidad su familia del país de origen le apoya con recursos financieros. Por tanto, la familia no sólo es un recurso fundamental para las personas autóctonas a la hora de superar un ciclo económico adverso como el actual.

Ante una situación de crisis las remesas se convierten en recursos económicos de ida y vuelta. En este caso se encargan de sostener un proyecto migratorio en el país de acogida que puede proporcionar en el medio plazo una fuente de apoyo a los familiares del país de origen, pero que en este momento necesita de esos recursos para que esos proyectos sigan siendo viables.