El Reino Unido pasa por ser un país traspasado por la coexistencia pacífica de distintas culturas. Un lugar capaz de acomodar a los inmigrantes de todos los rincones del imperio sin los problemas de integración de la minoría turca en Alemania ni el empeño de uniformidad de la Francia de De Gaulle.

Y sin embargo esa impronta de tolerancia empieza a resquebrajarse a resultas de la polémica del burka, que amenaza con cruzar el Canal de la Mancha y desencadenar la discordia entre los políticos y los líderes musulmanes moderados, que ni siquiera después de los atentados de Londres sufrieron una intromisión del Estado similar.

El responsable de la polémica es el diputado conservador Philip Hollobone: un hombre situado a la derecha de David Cameron y decidido a aplicar los criterios continentales a la minoría musulmana del Reino Unido. Hollobone es un tipo áspero y a la antigua usanza. Esta semana ha confesado que se ha propuesto no recibir en su despacho a ninguna mujer cubierta con un burka o un niqab. Y ha presentado una proposición para imponer a quienes los lleven puestos una multa de 150 libras: unos 200 euros al cambio actual.

«Es una polémica que no desaparecerá», decía esta semana el diputado en las páginas de The Independent. «Pero por desgracia lo más probable es que el Parlamento vuelva a dar la espalda a la opinión pública». Una opinión pública que según la empresa demoscópica YouGov defiende la prohibición con una mayoría exigua pero suficiente (67%).

Temeroso de que el diputado conservador prenda la mecha de la polémica, David Cameron ha dado la orden de desactivar los intentos de Hollobone. Y el encargado ha sido el secretario de Estado de Inmigración, Damian Green, que ayer arremetió contra la propuesta: «Personalmente pienso que decirle a la gente lo que puede y no puede vestir es una cosa muy poco británica. Nosotros somos una sociedad donde reinan el respeto mutuo y la tolerancia. Hay momentos en los que desde luego uno debe identificarse y donde la policía debe poder verle la cara. Pero creo que es muy poco probable e indeseable que el Parlamento británico intentara aprobar una ley que dicte cómo debe ir vestida la gente».

En la misma línea se expresó la ministra de Agricultura, Caroline Spelman, que sorprendentemente echó mano del fondo de armario feminista y afirmó: «Una de las cosas de las que nos sentimos orgullosos en este país es de ser libres. Y también de ser libres de elegir lo que nos ponemos». Unas palabras que no arredran al diputado Hollobone, que está decidido a seguir adelante con la ley y a no recibir a mujeres con burka en su despacho: «Yo no voy a hablar con una persona a la que no pueda verle la cara. No sé quién es si no se identifica. Si ella viene vestida así, la invitaría a comunicarse conmigo de otra manera. Probablemente por carta».

No es el único conflicto cultural que se ha desvelado en las últimas horas en el Reino Unido. Ayer emergió también que el secretario de Estado de Transportes, Norman Baker, ha recordado a las empresas de autobuses que no pueden negar la entrada a sus vehículos a personas ciegas con sus perros guía. La polémica tiene que ver con algunos imames británicos, que consideran al perro un animal impuro.

Baker dejó clara la posición del Ejecutivo de coalición: «Si los perros están causando problemas, un conductor tiene derecho a pedir al dueño que se vaya, pero es mucho más cuestionable pedirle que saque al perro por motivos religiosos. La libertad de una persona comienza donde termina la del vecino».

Expulsar a un perro guía de un autobús o de un taxi es una conducta perseguida por la Ley de Discapacidad. Pero las asociaciones británicas de ciegos dicen que reciben un aluvión de quejas todos los meses. El Consejo Musulmán Británico intentó zanjar ayer la polémica: «Tenemos que ser flexibles en esto. Hay escuelas del islam que ven la saliva de los perros como algo impuro pero otras no».