vitoria. Las reacciones de las instituciones a la agresión racista sufrida por un grupo de trabajadores senegaleses en Lantarón no se ha hecho esperar. Desde el Gobierno Vasco hasta la Diputación, pasando por los diferentes partidos políticos, los representantes públicos han condenado lo ocurrido. El ataque tuvo lugar el miércoles en el polígono industrial de la localidad, cuando seis personas que viajaban a bordo de tres vehículos trataron de atropellar y agredieron con barras de metal y armas blancas a cuatro empleados de la empresa Curvados Quintín. Tres de ellos se recuperan de los politraumatismos en sus casas, mientras que el cuarto se halla ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Miranda de Ebro aquejado de traumatismo craneoencefálico y posible pérdida de masa cerebral.

Al parecer, el cabecilla de la agresión es un joven de unos 25 años, identificado como J.S. que compartía puesto de trabajo con los agredidos. No obstante, según explicaron los portavoces de la empresa en la que todos ellos trabajaban, tanto J.S. como su padre fueron despedidos de la firma por dirigir insultos “claramente racistas” contra sus compañeros. El progenitor “se tomó bien” el despido, pero el joven abandonó la nave industrial profiriendo amenazas de muerte contra los senegaleses. Los enfrentamientos se originaron en un hecho tan trivial como el disponer de un lugar para sentarse en la hora del bocadillo. J.S. reclamó una de las sillas como si fuera de su propiedad y el senegalés que la ocupaba hizo caso omiso de sus palabras, lo que dio lugar a los insultos que motivaron los despidos.

Los responsables de la empresa señalaron que este grupo de senegaleses lleva varios años trabajando con ellos, que se trata de “trabajadores ejemplares” y que “nadie puede tener nada que reprocharles, porque su comportamiento ha sido siempre intachable”. Asimismo, explicaron que en su firma no se toleran los comportamientos xenófobos o racistas, por lo que tanto el padre como el hijo fueron cesados en sus respectivos empleos. El aplauso hacia el comportamiento de los titulares de la firma por su actitud ha sido unánime desde todas las instancias. El director de Inmigración del Gobierno Vasco, Miguel González, condenó el ataque y confió en que “la Justicia actúe con rigor, incluyendo los elementos penales de lucha contra el racismo”. La Diputación alavesa también ofreció ayer su ayuda a los cuatro agredidos y tachó lo sucedido de “grave y preocupante” por ser “un reflejo de actitudes y comportamientos que están lejos de los derechos y libertades de las personas”. Aralar de Álava condenó igualmente la “inaceptable agresión racista” y transmitió “un abrazo solidario” a las víctimas.

Por su parte, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, anunció que su Departamento ha abierto una investigación con el fin de “identificar y poner a disposición de la Justicia a todos los que han provocado estas terribles agresiones”. El titular de Interior aseguró que la Policía autonómica vasca realiza, en la actualidad, todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y ha logrado identificar a uno de los supuestos agresores.