Bilbao. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció ayer la presunta ilegalidad de la detención, llevada a cabo el pasado lunes, de un vecino de Zalla, de nacionalidad argelina, identificado como S.S. La comisión alega que los tres cuerpos policiales implicados en la detención – Policía Local de Zalla, Ertzaintza de Balmaseda y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Bilbao – son responsables de una “conspiración para llevar a cabo una expulsión imposible”. En cambio, fuentes de la Subdelegación del Gobierno español aseguran que la detención se llevó a cabo porque el hombre, de 33 años, “carece de permiso de residencia y está imputado por varios delitos contra la propiedad”.

El presidente de CEAR y abogado del detenido, Javier Galparsoro, asegura que el hombre dispone de toda su documentación en regla y que no se encuentra en situación irregular. En cuanto a los supuestos delitos contra la propiedad, indicó que no le consta y se preguntó, si es así, “por qué le han dejado en libertad”. Y es que, tal y como explicó Galparsoro a DEIA, sí que hubo anteriormente una orden de expulsión procedente de Santander contra este ciudadano argelino, pero fue anulada. “Dicha resolución fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao, que en el mes de octubre de 2009 dictó sentencia estimando dicho recurso y declaró la nulidad de la expulsión”, matiza Galparsoro. Y continúa añadiendo que “la cuestión es por qué se han compinchado los tres cuerpos policiales para llevar a cabo esta detención si tenían constancia de la imposibilidad de su expulsión”.

En la sentencia se condena a la Delegación del Gobierno en Cantabria por la “temeridad en la forma en que se acordó la expulsión, al pago de las costas del juicio sobre una cantidad de 6.120 euros”. En definitiva, concluye Galparsoro, “los tres cuerpos policiales sabían que era imposible consumar dicha expulsión”.

Detención imposible El arresto tuvo lugar el pasado día 12 de julio. Sobre las 10.30 horas, la Policía Municipal de Zalla acudió al domicilio de este vecino, según la versión de CEAR, y requirió su presencia en el Ayuntamiento alegando la necesidad de resolver un asunto de empadronamiento urgente. “El hombre lleva poco tiempo viviendo en Zalla junto a su mujer y sus dos hijos, por lo que no vio nada raro en la llamada”, explica el letrado.

El detenido llegó al Consistorio de la localidad encartada acompañado por su mujer. Una vez allí, se encontraron con una patrulla de la Er – tzaintza, procedente de la comisaría de Balmaseda, que procedió a su retención y retirada del pasaporte hasta que, pocos minutos después, llegó una dotación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Bilbao. Estos fueron los que procedieron a la detención del hombre, al que esposaron, introdujeron en un furgón y llevaron a la Comisaría de Policía de Indautxu, donde permaneció varias horas después de comunicarle que iba a ser expulsado y enviado a Argelia de forma inmediata. “Claramente se ha tendido una trampa a este ciudadano. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional de Bilbao se haya enterado de dónde estaba el hombre si la Policía Municipal o los ertzainas no les han avisado?”, pregunta Galparsoro.

Por su parte, la Policía Local de Zalla se excusa asegurando que ellos “sólo avisaron al hombre” para que se personara en el Ayuntamiento. En cuanto a la Policía vasca, explica que sus agentes “no procedieron a la detención” y que se personaron en el municipio encartado porque la autoridad municipal solicitó su presencia.

Y es que la intervención de estos dos cuerpos en la expulsión no sería posible por la falta de competencias en ella, ya que el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco reserva sólo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las competencias en materia de extranjería.