bilbao. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, reiteró ayer que el programa de atención a los inmigrantes irregulares Heldu “no desaparece”, sino que se modifica la manera de gestionarlo, y ha afirmado que este asunto constituye “una página cerrada para el departamento”. Según señaló, el contrato con la empresa que prestaba hasta ahora el servicio “ha finalizado” y no se va a “renovar”, “ni se va a desmontar un contrato de una empresa privada para construir otro”. La consejera explicó que el servicio Heldu se prestaba a través de una empresa privada y ahora se hará a través de los servicios públicos “como siempre debió prestarse”.

Zabaleta, quien recordó que ella misma denunció en el Parlamento Vasco la privatización en 2006 del servicio de atención a los inmigrantes ante el entonces consejero competente, defendió un fortalecimiento del sistema público a través de la prestación de los servicios que le corresponde. Según dijo, “los inmigrantes van a ser atendidos”, pero “para eso no se necesita privatizar” el servicio.

La consejera admitió que puede “entender” la inquietud que los trabajadores que hasta ahora venían prestándolo puedan tener por su puesto de trabajo, pero matizó que será “su empresa” la que tenga que “proveerles su futuro”.

Añadió que entiende “menos” las críticas recibidas en relación a este asunto por parte del presidente de la Asociación de Municipios Vascos Eudel, Jokin Bildarratz, y el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, cuando, según ella, ninguno de los se ha dirigido a la consejera para tratar sobre “el nuevo modelo de Heldu”.

margen de confianza Gemma Zabaleta dijo también estar a disposición de todas las instituciones, “de todo el mundo”, para explicar “el nuevo modelo de Heldu” y pidió “un margen de confianza” para ponerlo en marcha. Insistió también en que hasta ahora los expedientes de las personas inmigrantes atendidas estaban “en manos privadas y van a pasar a manos públicas” y ha evidenciado que las instituciones tienen que dar a la sociedad explicaciones sobre el gasto público. Según dijo, “la Administración tiene que explicar por qué ha gastado más de un millón de euros en este servicio”.

El nuevo modelo, según considera la consejera de Asuntos Sociales, no repercute en una nueva tarea en el ámbito municipal. “Repercute – aseguró – en la tarea que tienen los servicios sociales de base para atender las cuestiones que se les suscita por parte de cualquier ciudadano”. Señaló, además, que esta labor contará con el apoyo y el asesoramiento de la dirección de Inmigración para solventar cualquier cuestión que pueda necesitar el servicio social.