Tras varios días en alta mar, el viaje terminó al avistar el litoral valenciano. Ese era el destino de las dos pateras con una veintena de inmigrantes procedentes de África que esta semana han arribado a las costas alicantinas. Algunos de sus ocupantes ya han sido enviados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores. A día de hoy, las instalaciones de Valencia albergan a casi un centenar de internos, lo que supone el 70% de su capacidad. Pero el verano no ha hecho más que empezar y los pronósticos apuntan a que las de estos días no serán las únicas embarcaciones que recibirá la Comunitat en los próximos meses.

«La previsión de la Policía es que las pateras seguirán alcanzando las costas valencianas. Ahora es el momento álgido. El tiempo es bueno y las mafias facilitan la llegada a nuestras playas, tan al norte de la ruta habitual hacia la Península, porque vienen apoyadas por barcos nodriza que las sueltan a menos de 80 millas del litoral», admitió el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Valencia, Roberto Villena.

El CIE de Zapadores dispone de un total de 135 plazas. En la actualidad, 91 están ocupadas. El hijo de Juan Carlos Raful pone rostro a estas cifras. Tiene 24 años y es boliviano. Lleva algo más de una semana allí, después de que los agentes lo detuvieran debajo de su casa. «Está muy triste. No sabemos si lo van a expulsar. Tenemos un abogado de oficio que está intentando evitarlo», lamentó ayer Juan Carlos, que, como cada día, fue a llevarle comida y bebida a su hijo.

Una razón que explica que el centro de extranjeros no se encuentre al completo es el descenso de los arrestos a ilegales durante los meses estivales. «En verano estas detenciones se reducen un tercio ya que hay más agentes de vacaciones», reflexionó el secretario administrativo de la Unión Federal de Policía en Valencia, Sergio León.

En cambio, la llegada de pateras se dispara. «El férreo control establecido en el sur de España hace que las mafias centren ahora el lugar de entrada a la Comunitat», afirmó el representante del SUP, quien señaló que el CIE siempre reserva un 20% de sus plazas para este tipo de urgencias.

El tiempo máximo de permanencia en Zapadores es de 60 días. El objetivo es que los detenidos, a la espera de una orden de expulsión o en un proceso de retorno o devolución, permanezcan en él el menor tiempo posible. «El centro nunca ha estado saturado. Además, cuando uno de ellos está lleno, los nuevos detenidos ingresan en algún otro CIE de España», aseguró Villena.

Sin embargo, los familiares de varios arrestados en Zapadores calificaron la situación de sus allegados como de «horrible». Samira, que ayer por la mañana hacía cola a las puertas de Zapadores para visitar a su hermano, de 18 años y origen marroquí, aseguró que el joven «comparte celda con otras cuatro personas. Pasan bastante calor. Allí hay mucha gente».

Junto a ella, otra mujer de Marruecos que tiene un familiar dentro de los imponentes muros del complejo. «Mi sobrino, Benakoune, llegó en patera. Pagó mucho dinero por el viaje, ahora está detenido y lo van a deportar», lamentó.

El goteo constante de estas embarcaciones a la geografía valenciana ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Consell y la Delegación del Gobierno. Tras la llegada esta semana de dos embarcaciones a Xàbia y Santa Pola, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, criticó el sistema de vigilancia de la costa impulsado por el Ministerio del Interior, a través de una red de radares que detectan barcos sospechosos.

El máximo representante del Ejecutivo en la Comunitat, Ricardo Peralta, respondió que las quejas estaban motivadas «por un sentimiento xenófobo».

Un coladero

El último enfrentamiento se produjo ayer mismo. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que la Comunitat «es un coladero para la inmigración irregular por culpa de la ineficacia del Gobierno de España, que sigue sin atajar este gravísimo problema».

Y es que Blasco apuntó que desde septiembre de 2007 han llegado al litoral valenciano 31 pateras con 298 ilegales, una cifra que Peralta redujo a 265 y que, según afirmó, «ni siquiera supone el 1% del total de ilegales».