El diplomático Carlos Pascual califica la norma de «violación de los derechos civiles».

El diplomático Carlos Pascual califica la norma de «violación de los derechos civiles».

La polémica ley contra la inmigración aprobada en Arizona es «una violación de los derechos civiles» y podría provocar «un tipo de apartheid», afirmó hoy el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.

«Su aplicación puede forzar a la diferenciación basada en razones étnicas», apuntó el diplomático, comparando al régimen discriminatorio de las personas negras en Sudáfrica durante décadas y que fue abolida en 1991.

Asimismo, a pesar de que Estados Unidos abolió la esclavitud en 1865, la comunidad afroamericana del país hubo de luchar por sus derechos civiles durante gran parte del siglo XX para hacer frente a la segregación racial de que era víctima.

Pascual hizo estas declaraciones durante una visita a la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).

La ley SB1070 sancionada en abril por Arizona – estado fronterizo con México al que cruzan las rutas de inmigrantes indocumentados – permite a las fuerzas de seguridad estatales detener a cualquier sospechoso de no tener regularizado su estatus migratorio.

«Ha tomado funciones que son federales (…), es imposible que cada estado diga cuál debe ser el esquema estatal para la migración», argumentó Pascual. De seguir esa línea, Estados Unidos carecería de un sistema nacional «consistente», añadió.

Arizona, con unos 6,5 millones de habitantes, cuenta con casi un millón de extranjeros en su territorio, de acuerdo a un estudio de BBVA Bancomer.

Los mexicanos (un total de 611.410) representan el 93% de todos los latinoamericanos que viven en ese estado y el 66% de la población extranjera total de la región.

La aprobación de la ley ha provocado furiosas reacciones en su contra por parte de la comunidad latina tanto en México como en Estados Unidos, y ha puesto en entredicho los intercambios comerciales de Arizona con otras ciudades y estados de ambos países.

La Casa Blanca ha demandado a Arizona bajo el argumento de que la ley supondrá el «acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal».

Asimismo, la demanda manifiesta que la ley SB1070 viola la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias del ámbito federal.

El Gobierno de Estados Unidos pidió al juez que se suspenda de manera preliminar la aplicación de la ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 29 de este mes.

Por su parte, las autoridades de Arizona consideraron que la demanda de Washington es «una equivocación» y que los fondos públicos destinados a ella deberían gastarse contra «los violentos cárteles mexicanos».

En Estados Unidos hay cerca de doce millones de mexicanos, la mitad se presume que indocumentados. La comunidad latina viene pidiendo durante los últimos años una reforma de las políticas migratorias.

La materia fue pospuesta en la última etapa del gobierno de George W. Bush, ante la proximidad de las elecciones.

El actual presidente estadounidense, Barack Obama, que se benefició del apoyo latino en los comicios que lo llevaron al poder, ha expresado reiteradamente su convencimiento de que es necesario un cambio, pero por el momento no se han tomado medidas concretas.