La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se mostró ayer «preocupada y sorprendida» por el rechazo de Jokin Bildarratz, presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y de Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al cierre del servicio jurídico para inmigrantes Heldu. Zabaleta aseguró que Bildarratz no le «había preguntado sobre el nuevo modelo de gestión del servicio», y afirmó que las críticas vertidas por él no son «representativas» de todos los ayuntamientos, pues «también hay municipios que están de acuerdo con el cambio en la gestión», en alusión al grupo de alcaldes del PSE – EE que se mostraron favorables a la clausura de Heldu.

La consejera defendió la decisión del cierre, ejecutada esta semana por el Ejecutivo, asegurando que el servicio que prestaba «no se va a suprimir», sino que cambia su gestión para pasar «de manos privadas a organismos públicos». «La decisión se ha tomado basándonos en la convicción de que una empresa privada no debe sustituir a la Administración en la prestación de un servicio público», aseguró Zabaleta, que incidió en que el antiguo modelo de Heldu fue «una contratación del anterior Gobierno que jamás se debió haber realizado» y que el grupo socialista ya «denunció en 2006 en el Parlamento vasco la privatización del servicio».