Es una cuestión que empieza a abandonar la excepcionalidad y a adentrarse en la repetición. El caso de Nadia Shahbi no es el primero, ni quizá será el último. Al mismo ritmo que crece la población inmigrante en Euskadi, la escena se reproduce en cada vez un mayor número de consultas de la sanidad pública vasca. Mujeres y hombres de origen musulmán que reclaman un trato médico diferenciado acorde a sus creencias religiosas y que coloca a los facultativos en situaciones complicadas y en ocasiones conflictivas.

Las situaciones más tensas sin duda las soportan los servicios de ginecología, en los que las mujeres reclaman no sólo ser atendidas por una doctora sino que además en ocasiones, aduciendo razones religiosas, se niegan a despojarse de parte de la vestimenta que cubre su cuerpo para poder ser exploradas. Desde Osakidetza se apuntó ayer que habitualmente se procura que las mujeres que lo soliciten puedan ser atendidas por doctoras «pero no siempre es posible».

Junto a ello, reconocen que en los últimos años también se han registrado situaciones conflictivas a la hora de tener que solicitar autorizaciones para determinadas intervenciones, como una cesárea. Consentimientos que en muchos casos la mujer cede a su esposo o acompañante varón.

Otra de las situaciones delicadas que desde Osakidetza se apunta se produce cuando las mujeres exigen ser atendidas bajo la presencia de su marido y que en situaciones delicadas, como un posible caso de malos tratos, complica sobremanera la exploración de la paciente. Además, en algunos casos es el varón el que en nombre de la mujer se dirige directamente al médico, silenciando la versión de la mujer.

También se han registrado situaciones en las que hombres de cultura musulmana se niegan a ser atendidas por una doctora y reclaman la presencia de un facultativo varón.

Todas estas circunstancias han provocado momentos de tensión que abren en Osakidetza el debate sobre la necesidad de regular los derechos de los médicos y de fijar un protocolo de actuación para este tipo de casos. Desde algunos colectivos de la sanidad pública se rechaza dar este paso porque supondría crear una excepción y vulnerar la igualdad de derechos y obligaciones entre las mujeres que atiende la sanidad pública vasca.