Los más de cien inmigrantes y okupas que malviven en el viejo cuartel militar de Bonrepòs se encuentran a día de hoy, prácticamente, en tierra de nadie. El Ayuntamiento ha pedido ayuda para resolver una situación que se le escapa de las manos tras ver como en unos meses se ha triplicado el número de indigentes atrincherados en esta instalación, que lleva más de doce años abandonada desde que el Ministerio de Defensa dejara de utilizarla.

Pero, de momento, nadie se hará cargo de los indigentes que sobreviven entre basuras en este lugar en ruinas, después de que el derribo de la antigua fábrica de Óscar Mayer, en la vecina Tavernes, haya acelerado el éxodo de personas sin techo a este lugar.

La responsabilidad última de los 70.000 metros cuadrados de terreno se ha convertido en un galimatías. Defensa se desvinculó ayer de este problema al advertir que los terrenos que fueron expropiados por el Ministerio, para hacer unos cuarteles militares, se devolvieron a sus antiguos propietarios, a excepción de cuatro parcelas de poco más de 8.000 metros cuadrados que todavía dependen del Ministerio pero que «no afectan a ninguna de las edificaciones ocupadas».

Tras años de juicios y sentencias, Defensa revirtió la mayoría de las parcelas a los antiguos titulares, «propietarios particulares cuyo número supera ampliamente la treintena. La instalación no es, por tanto, municipal y tampoco es del Ministerio», explicó ayer el alcalde de Bonrepòs, Jesús Raga. Ante tal situación, «pedimos ayuda a Inmigración para poder desviar a estas personas a albergues o buscar alguna solución que permita solventar el problema lo antes posible porque el Consistorio no puede hacer nada».

Desde la Conselleria de Solidaridad Ciudanana recalcaron ayer que las competencias de los antiguos terrenos militares no corresponden a la Generalitat y, por lo tanto, no pueden asumir un problema «de seguridad y de inmigración que depende de Delegación de Gobierno, porque se trata de una ocupación de un inmueble y debe ser el Estado el que tenga que tomar una decisión al respecto».

Y, para cerrar el círculo, desde Delegación de Gobierno no se aclaró tampoco si se va a llevar a cabo alguna actuación policial o de control de las personas que allí se encuentran. Así que «lo único que puede hacer el Ayuntamiento es cambiar el uso militar del suelo a terciario y en esto estamos».