La provincia recibió ayer la segunda patera con inmigrantes irregulares en menos de 24 horas. La nueva oleada de embarcaciones, si se tienen en cuenta los botes que también han llegado en las últimas horas a Murcia y Almería, se produce sin que las costas alicantinas dispongan de vigilancia permanente a cargo de la Guardia Civil.

Esta situación es consecuencia del sistema de trabajo instaurado por el general jefe de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, Cristóbal Santandreu, para el Servicio Marítimo. Este se basa, según las fuentes consultadas, en el cumplimiento de jornadas de 12 horas durante dos días consecutivos y de 24 sólo una de cada tres fechas.

De ese modo, existen amplios periodos de tiempo en los que las patrulleras de la Benemérita están amarradas en su base, sin posibilidad de apoyar a las unidades terrestres cuando se registra un desembarco de hachís o la llegada de una barca con ‘sin papeles’ a bordo. Así ocurrió el martes por la tarde, cuando fue localizada una patera que había tocado tierra a los pies del faro de Santa Pola y que tampoco fue detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).

La lancha fue descubierta hacia las cinco de la tarde, pero el Servicio Marítimo no comenzaba su turno hasta las ocho de la tarde, por lo que no fue hasta ese momento cuando se incorporó al rastreo del litoral en busca de posibles extranjeros indocumentados. Las patrullas ordinarias de la Guardia Civil , la Policía Nacional de Elche y la Policía Local de Santa Pola detuvieron a diez de los supuestos ocupantes de la embarcación ilegal, sin que se descarte que algún otro pudiera haberse dado a la fuga.

La situación se torna más grave si se toma en consideración que Alicante, pese a que se ha convertido en puerta de entrada habitual de pateras desde 2007, ha quedado fuera del dispositivo europeo de vigilancia montado, entre junio y septiembre, por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para prevenir la llegada de pateras desde el norte de África. El operativo, que abarca Almería y Murcia, pero no la Comunitat Valeciana, se pone en práctica por tercer año consecutivo y prevé la movilización de medios marítimos, terrestres y aéreos de varios países, lo que, en teoría, mejora la eficacia en la lucha contra las redes del tráfico de personas.

En opinión de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decisión del general Santandreu constituye un desatino, puesto que da prioridad a la vigilancia del interior de los puertos deportivos, en detrimento de la línea costera. Pese a todo, fuentes de la entidad precisan lo siguiente: «El general no es el máximo responsable, puesto que hay autoridades políticas, como el delegado del Gobierno y altos cargos del Ministerio del Interior que deberían tomar cartas en el asunto. Hay que decidir si vamos a contar con un Servicio Marítimo operativo o sólo de adorno».

La patera interceptada ayer, que se suma a la llegada el martes por la tarde a Santa Pola, fue avistada por un pesquero a 44 millas de Jávea y a 46 de Torrevieja, por lo que dio aviso a Emergencias 112. Salvamento Marítimo localizó la embarcación y la remolcó, escoltado por la Guardia Civil, hasta el puerto de Alicante, donde, hacia las 12.45 horas, quedaron bajo custodia de la Guardia Civil, a la espera de trasladar las diligencias y los detenidos al Cuerpo Nacional de Policía, competente en materia de extranjería. Los furgones de la Policía Nacional y otras unidades se trasladaron al recinto portuario, pero regresaron a su base al hacerse cargo de las filiaciones la propia Benemérita.

Los magrebíes detenidos eran once, entre los que figuraba un chaval que decía tener 17 años de edad y, lo más curioso, un hombre de 63, algo que contrasta con la juventud de quienes habitualmente se embarcan estas arriesgadas travesías. El grupo, que llevaba tres días en el mar, viajaba en un bote de entre 3,5 y 4 metros de eslora, con un motor de 30 caballos.