gasteiz. A partir de este viernes, día 16, el programa Heldu de asesoramiento jurídico a inmigrantes iniciará una nueva andadura. Emblema del Departamento de Asuntos Sociales del anterior Ejecutivo, la iniciativa social se sumerge ahora en un proceso de transición, mediante el que el actual Gobierno vasco se responsabilizará de los 33.000 expedientes abiertos gracias al programa, y responderá a los 1.600 que actualmente están en periodo de tramitación.

Así lo aseguró ayer la consejera del ramo, Gemma Zabaleta, que justificó el cambio en base a criterios administrativos y de filosofía de gestión de su departamento. Según explicó, el servicio Heldu continuará funcionando. “No se cierra”, insistió, “no se abandona a ningún inmigrante a su suerte”. Lo que se cambia, esgrime, es el modelo de gestión, que pasará a ser directa. Un extremo que han rechazado los propios trabajadores del servicio y SOS Racismo Bizkaia, quienes entienden que la decisión únicamente perjudicará al colectivo de inmigrantes en general y en especial a aquellos que tienen peor situación por su carácter irregular. Es más, ambos organismos creen que Lakua se limita a poner un “parche” en este servicio.

Sin embargo, Zabaleta – que eludió asegurar si ha habido contratación irregular – sí aseguró que la gestión de este servicio a través de la empresa Estudios y Proyectos Jurídicos S.L. no cumple con los requisitos de contratación con la administración, por lo que la misma es “improrrogable”. De esta manera, explicó que dicha empresa se creó en su día ex profeso para ser contratada para la gestión del servicio Heldu, un extremo que no garantiza el principio de igualdad de concurrencia con la administración y hace que se incumplan otros requisitos para poder hacerse con un concurso de estas características.

Así, la consejera aseguró que la firma no desarrolla más actividades que las propias del servicio contratado y tampoco posee medios de gestión propios ya que ha prestado sus servicios en locales de propiedad pública. Zabaleta, que también desveló que la contratación de esta empresa supone un desembolso de un millón de euros anuales, justificó asimismo el cambio de gestión para evitar duplicidades y que se ofrezca un servicio que esta “descatalogado” con respecto a la Ley de Servicios Sociales. Así, a través de la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco, se asumirá este servicio de asesoramiento jurídico también para los servicios sociales de base y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo, con sus recursos propios y el apoyo del programa Biltzen de refuerzo a otras administraciones.

Teléfono y email Durante el periodo transitorio, que según el Gobierno vasco podría demorarse en tres meses, se habilitará un precario sistema de asistencia a los usuarios afectados por la nueva reorganización del programa. Así, los inmigrantes podrán contactar con el Ejecutivo mediante un número el número de teléfono gratuito 900 840 126, y mediante el correo electrónico immigrazioa – asesoria@ej – gv.es.

En cuanto a los “casos más urgentes” que adviertan los servicios sociales de base, Zabaleta explicó que dichos supuestos serán remitidos, “bajo cita” para su atención personalizada, a las oficinas del Gobierno vasco en las distintas capitales, concretamente en la calle Larramendi, de Donostia; calle Henao, en Bilbao; y la propia sede del Gobierno vasco en Gasteiz.

los trabajadores Con respecto a los 23 trabajadores que hasta ahora se han encargado de la gestión del programa Heldu, Zabaleta consideró que éstos “tienen un problema con su empresa, no con el Departamento de Empleo del Gobierno”. “Es su empresa la que debe garantizarles la continuidad de su actividad”, señaló. “Nosotros hemos mostrado nuestra máxima voluntad para ejercer una intermediación que facilitara en lo posible el encaje de las personas en el nuevo escenario”, insistió la consejera si bien aseguró que en el contrato de dichas personas existe una cláusula explícita de no subrogación de estos trabajadores. Finalmente, Zabaleta aseguró que el Gobierno está en “estrecha relación” con al Delegación del Gobierno en la CAV, las tres subdelegaciones, el Ararteko y Eudel a fin de establecer la “mejor coordinación” entre los servicios públicos en esta materia. Con esta remodelación, concluyó, el Ejecutivo tiene como objetivo “pensar en las personas y no en los intereses de nadie”.

políticas activas Por otra parte, Zabaleta también aseguró que “cada vez queda menos” para que Euskadi asuma la competencia de las políticas activas de empleo.

Preguntada por los periodistas, la consejera recordó que el Gobierno vasco está negociando con el Ejecutivo estatal la transferencia de dicha competencia, que es un “objetivo irrenunciable” para el actual Gobierno vasco.