El mandato de Ayuda y Vivienda es bien intencionado, pero demanda un elevado costo al Estado, mejor dicho al pueblo que paga impuestos. Primero, por la creación de un ministerio especial, luego, un buen número de empleados que requiere este programa dentro y fuera del Ecuador, delegados, sueldos, viajes, viáticos, etcétera. En resumen, es dinero malgastado si se estima que cientos de los migrantes que viven fuera de la patria jamás retornarán al suelo natal a vivir, porque ya han echado raíces lejos, reciben seguro, asistencia médica gratuita, etcétera. Si a estas excusables razones les añadimos los problemas que aún existen en ciudades de acá: basura, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, pavimentación… (fiel resultado, por ejemplo en Guayaquil, de la mala administración del gobierno municipal de Jaime Nebot por casi diez años); menos interés tendrá el migrante de volver a su patria. Otro motivo es la disposición del ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, de instalar un consulado en el estado de Arizona para apoyar a los compatriotas que residen ahí ilegalmente en su lucha contra el Proyecto de Ley SB1070 por considerarlo racista, inconstitucional y antimigrante, que contradice al Plan de Ayuda.

Otro motivo más es la disposición que insinúa a los ecuatorianos que residen en el exterior afiliarse al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), algo absurdo y descabellado. Es de conocimiento público el mal del que padece este ente estatal, donde es triste ver a los afiliados del Seguro Social, en su mayoría ancianos, discapacitados; sufrir las consecuencias de las malévolas administraciones de sus ahorros. Y más penoso es el vergonzoso e inhumano trato que reciben de los empleados de instituciones como esta.

Eduardo Molina Andrade,
abogado, EE.UU.