El alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, defendió ayer que la antena de telefonía móvil que se va a instalar en el barrio de La Serrana no perjudica la salud. Además el regidor recordó que el Ayuntamiento alquiló la nave donde se va colocar el repetidor para evitar de esta manera que se abriera una mezquita árabe en la zona.

El primer edil explicó que el equipo de gobierno gestionó hace varios años el alquiler de la nave en la que el operador de comunicaciones Orange pretende elevar una antena de telefonía móvil en la calle Ginés Boyvia. En este almacén se desarrolló el taller de empleo de mecánica hasta su traslado a otras dependencias municipales.

Pérez subrayó que «fue el Ayuntamiento el que gestionó este alquiler para que no se instalara una mezquita en este sitio». El regidor rememoró el rechazo que produjo la posible instalación de culto musulmán. «Se decía que iba a ser la mezquita más grande de España, y en la carretera de Rafal existe ya una de mayores dimensiones porque esta nave sólo tiene 300 metros cuadrados».

Para el regidor del Partido Popular, las denuncias de los vecinos sobre la posible afección de las ondas electromagnéticas carecen de sentido. El munícipe detalló las quince antenas repartidas por todo el término municipal e indicó que existen otras en la localidad que funcionan desde hace años con un mayor grado de emisiones.

Sobre la colocación del mástil de más de veinte metros de altura, en una calle donde la mayoría de viviendas tienen dos plantas, el alcalde señaló que «no existe ninguna regulación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», y añadió que «no dejar instalar este repetidor supondría saltarme la Ley a la torera para perjudicar a una empresa que tiene un derecho».

Para el equipo de gobierno el Ayuntamiento no tiene competencias a la hora de legalizar o no esta infraestructura de telecomunicaciones. «Sólo podríamos hacer una ordenanza para regular dónde deben estar las antenas», precisó el popular Pérez.

En cualquier caso el regidor se apoyó en numerosos informes del Ministerio de Sanidad, el de Industria, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Defensor del Pueblo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, el departamento de salud de la Unión Europea, organizaciones de consumidores y sobre todo de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc). Sobre los afectados del barrio callosino de La Serrana que no han tenido acceso al expediente de la controvertida antena, Javier Pérez, argumentó que «no existe informe de actividad porque la Ley dice que esta actividad no está calificada». Así las cosas, desde el equipo de gobierno se defiende que la instalación de esta antena carece de un informe previo porque «no es necesario según el Tribunal Supremo y el TSJ de la Comunidad Valenciana».