Representantes de los 23 trabajadores del servicio vasco de atención jurídico-social gratuita a inmigrantes, Heldu, afirmaron ayer que su cierre el próximo día 15 no sólo supone la eliminación de un servicio público, sino dejar sin amparo jurídico a todo el colectivo de inmigrantes.
En una rueda de prensa en Bilbao, los trabajadores acusaron a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, de poner en práctica una política social «conservadora» al suprimir ese organismo de forma «unilateral y chabacana». «Es increíble que un Gobierno socialista pida a las ONG de la Iglesia que se ocupen de los inmigrantes», resumió una empleada del servicio jurídico, que fue creado en octubre de 2002.
Los empleados de Heldu, que han anunciado movilizaciones de protesta, han propuesto a la consejera hacerse cargo de la gestión del servicio en régimen de cooperativa sin ánimo de lucro, o que se adscriba a otro servicio público o departamento del Gobierno Vasco, sin que hayan recibido ninguna respuesta.