Es fácil hacer la prueba. De entre los ciudadanos que caminan por el paseo de la Castellana madrileño elijan a 50 de ellos, todos nacidos en España, y pregúntenles: ¿Qué ocurrió en España en 1868? ¿Quién fue Murillo? ¿Cuántas dinastías de reyes han dirigido España? El examen también puede llevarse a cabo en Valladolid, Jerez de la Frontera, Benidorm o Pontevedra. Los 50 elegidos, ¿acertaron con las respuestas? Y si no fue así, ¿qué hacemos con los desafortunados que fallaron la prueba? ¿Seguimos considerándoles españoles? ¿O les quitamos la nacionalidad en plaza pública y les ponemos a ellos y a sus familias en la frontera?

El juez José María Celemín, responsable del Registro Civil de Getafe, Madrid, ha decidido, por su cuenta, elaborar un cuestionario con estas y otras preguntas más mundanas – en las que se mezclan Gasol, Nadal o cómo se hace la tortilla, española por supuesto – para comprobar el grado de integración de los inmigrantes que solicitan la nacionalidad.

Algunos abogados han considerado que la actuación del juez es una extralimitación de sus funciones, pero parece que el juez se apoya en el Reglamento del Registro Civil, que en su artículo 221 establece que el encargado del registro “oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles”.

Eran de esperar dos cosas, y las dos han ocurrido: las asociaciones de inmigrantes han puesto el grito en el cielo y los inmigrantes que van a comparecer ante ese Registro ya se aprenden las preguntas más usuales, que alguien tuvo el acierto de recopilar.

Quizá los legisladores podrían prever la posibilidad de hacer algún examen de este tipo a los inmigrantes que pretenden conseguir la nacionalidad. Otros países, con irreprochables sistemas democráticos, lo hacen. Lo que no tiene ningún sentido es la iniciativa del juez Celemín, decidido, él solo, a dar el carné de español con un cuestionario tan artesanal.

Iniciativa sí, pero no tanta.