Ofendidos, vejados, humillados… Así se sienten algunos de los inmigrantes que han tenido que verse las caras con José María Celemín, el juez que lleva el Registro Civil de la localidad madrileña de Getafe. «¿Qué ocurrió en 1868?», «¿cuáles son los valores absolutos de la Constitución?», «¿sabría decirme tres poetas de posguerra?», «¿qué escritores había en 1704?», «¿cómo se llamaba el frente en el que combatió Franco en la Guerra Civil?»… Éstas son algunas de las cuestiones a las que el juez sometía a la personas con las que se entrevistaba para saber su grado de integración en la sociedad española en el proceso de tramitación de su nacionalización.

«Cuando entré, ni me miró a la cara. Me ordenó que me sentara y me atropelló a preguntas. Entretanto, me hizo llegar unos papeles que me dijo que firmase. Lo hice sin ni tan siquiera leerlos», asegura Marina Naranjo, de 49 años y nacida en Colombia.

También se apunta a la denuncia Juan Carlos Martínez, español, marido de una mujer uruguaya que salió llorando de la entrevista. «Cuando le preguntó de seguido no sabía qué contestar, ya que no tenía claro si detenerse y leer los documentos o responder. Cuando se paró a ver lo que era, vio que se trataba de un documento en el que admitía que no estaba suficientemente integrada en la sociedad española. Ella dijo que no lo firmaba, que quería otro juez. Entonces él le espetó que no tenía ese derecho, motivo por el que acabó haciéndolo».

Tanto la cuestión de las preguntas como la de los papeles fueron ratificadas por varias personas que pasaron delante del juez.

Este periódico llamó al Registro Civil de Getafe para hablar con el juez, así como con al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para obtener la versión del magistrado, pero no fue posible.

El TSJM señala que el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil establece que el encargado de dicho registro en el expediente de concesión de nacionalidad por residencia, «oirá personalmente al peticionario, especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles», informa Efe. Ese informe no es vinculante.

La asociación Alianza Española Solidaridad y Cooperación, Aesco, que ha sido quien ha denunciado el asunto, dice que remitirá una relación de quejas al Consejo General del Poder Judicial para que sancionen al juez.