Cuando el Ayuntamiento de Vic decidió no empadronar a personas en situación irregular se abrió un debate sobre si la medida era ética o si se ajustaba a derecho. Sin embargo, no se discutió el efecto de haberse aplicado. Son muchos los ayuntamientos que ponen dificultades – además de las que ya impone la ley y el mercado inmobiliario – a la hora de empadronar. ¿Es que aquellas personas a las que se les hubiese negado el empadronamiento habrían desaparecido? ¿trae algún beneficio para la ciudadanía que vivan sin empadronarse? ¿mejora la habitabilidad?

Polémica ha sido también la decisión de la Consejería vasca de Trabajo y Asuntos Sociales de Gemma Zabaleta de no permitir una tercera renta básica si ya hay dos familias que la cobran en una vivienda. ¿Dejar sin este derecho a quienes tengan mayor dificultad para acceder a la vivienda hará que desaparezca el hacinamiento? ¿o seguirán viviendo con mayores dificultades y sin acceso a las prestaciones? ¿no aumentará la especulación sobre los alquileres y los precios que se cobran por autorizar a empadronarse? Ya son muchas las personas que no acceden a los servicios básicos por carecer de un documento para empadronarse, no poder conseguir un alquiler o no tener ingresos para pagar una habitación con derecho a empadronamiento. Sólo cuando hablamos de extranjería o de prostitución pasamos por alto medidas perversas que culpabilizan y castigan a las víctimas con la justificación de que se lucha contra las mafias. Nadie admitiría que se impusiese una multa a las personas que trabajen en negro. Al contrario, la legislación ampara sus derechos declarando que el contrato existe y sanciona al empleador. Sin embargo, con medidas como la de Vic o la del Reglamento de Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco se propone despojarlas de derechos, a ver si así dejan de ser pobres. ¿No serán los especuladores inmobiliarios los que se frotarán las manos con personas que tienen que pagar lo que sea, ya que no tienen alternativa para acceder a derechos básicos?

La medida del Gobierno Vasco es de dudosa legalidad y contraviene el principio de no discriminación de forma directa o indirecta. Por una parte, limita hasta estrangularlo un derecho reconocido por ley. Por otra, lo hace a través de requisitos que nada tienen que ver con el bien que se trata de proteger, especialmente cuando la realidad del mercado inmobiliario hará que afecte especialmente a jóvenes, inmigrantes y mujeres. Y además rompe un consenso construido durante años y del que estábamos orgullosos: entender que los derechos se tienen por ser vecina y vecino y no por las circunstancias administrativas.

Patxi de la Fuente

SOS Racismo

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