ES ALGO que no falla. Cada vez que el Gobierno y su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, se sienten agobiados por la agudeza de la crisis económica o el incesante paro, tratan de aferrarse a alguna medida política o legislativa, o bien se aprovechan de alguna oportuna circunstancia, novedad, suceso, acontecimiento, etc. de orden social, deportivo, jurídico, etc. para distraer la atención o crear tensión entre los españoles. Esta es una norma de actuación constante en este nefasto gobernante. Ahora le ha tocado el turno a la nueva Ley de Libertad Religiosa (en adelante LLR) con la que Zapatero pretende impulsar la laicidad del Estado mediante la implantación de la neutralidad de los poderes públicos ante las creencias religiosas de parte de los ciudadanos.

Según ha trascendido, el texto de la nueva LLR habla por primera vez de la “laicidad del Estado”, como así se refleja en el título de un capítulo y de un artículo. Y esto es un error pues, a pesar de que con demasiada frecuencia se oye a algunos pseudointelectuales, a “progres” de última hora, e incluso a “politiquillos” de escasísimo nivel que en España el Estado es laico y que por ello, la nueva LLR se propone reafirmar esta condición, jurídicamente es una incorrección.

Efectivamente. Desde que se aprobó la Constitución Española (CE) de 1978, ha habido numerosas discusiones doctrinales acerca de si España es, o debe ser, aconfesional o laica, así como la distinción entre ambos conceptos. Para salir de dudas no tenemos más que acudir al texto del artículo 16.3 de nuestra Carta Magna, que dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, aclarando después que: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. O sea, el Estado no se identifica con una religión determinada no es confesional, pero tampoco es ajeno a la realidad religiosa de los españoles, lo que le obliga a cooperar con las confesiones, una de las cuales, la católica, se menciona expresamente en dicho texto.

Como acabamos de leer en el artículo 16.3 de la CE, en España los poderes públicos deben, imperativamente, no hacer caso omiso (“tendrán en cuenta”) de las creencias religiosas de los ciudadanos. O sea, nos guste o no, la CE no dice que España sea un Estado laico, ni laicista. Un Estado laicista es aquel que ignora deliberadamente las creencias religiosas de sus ciudadanos y cuyo único mandato a sus gobernantes respecto de la religión es, precisamente, no tener en cuenta las creencias religiosas de nadie y actuar independientemente de ellas.

A este respecto conviene aclarar que un Estado que asuma como propia la opción particular laicista la convierte en opción estatal, con lo que pierde su aconfesionalidad, su neutralidad.

En el ya mencionado artículo 16.3 hay dos expresiones que es preciso subrayar: “tendrán en cuenta” y “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación”. Expresiones que se prestan a diversas interpretaciones. Pero las palabras son bastante claras y el Gobierno lo sabe. Y el PSOE también. Por ello, la base de esa “cooperación” está en el simple hecho de que ejercer la religión es un derecho constitucional que ningún Gobierno puede desconsiderar, porque el Estado es aconfesional, pero no la sociedad española.

Así pues, conviene aclarar que, en la elaboración y aprobación de la nueva LLR, el Gobierno debe tener presente que siendo la CE de mayor rango y, por consiguiente, a la que han de adecuarse todas las demás leyes, así como la actuación de los poderes públicos, parece que una consecuencia lógica y justa es que las leyes y actuaciones del Ejecutivo deben tener en cuenta, no como un favor sino como cumplimiento de un mandato del pueblo, las creencias religiosas de los españoles y mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas, ya que, según el diccionario de la Lengua Española, cooperar significa “obrar juntamente con otro u otros para el logro de un mismo fin”.

Y es que Zapatero no parece entender ni los españoles comprendemos la necesidad de una nueva Ley de Libertad Religiosa. ¿Quién o quiénes la reclaman? ¿Hay alguna necesidad social de acometer esta reforma? ¿Es que no entiende que el 80% de la población española se declara católica? ¿Es que no hay otros asuntos más importantes, urgentes y preocupantes que atender? ¿Qué se ha propuesto este ideologizado personaje? ¡Mándese a mudar ya, hombre!