Antes de que comenzara el juicio parecía que todo estaba muy claro. Pocos albergaban dudas respecto a quién era el autor del asesinato de José Jiménez Escudero, cometido hace tres años en Eibar. Todos también creían saber que la tarde de autos, el 14 de diciembre de 2007, fue Rafael Valdés Echeverría y no otro quien vació dos cargadores, nada menos que veinte balas, de una carabina Savage del calibre 22 contra Jiménez Escudero, su esposa y dos de sus hijos. Los disparos ponían fin a una trifulca que había enfrentado a dos familias de etnia gitana realmente mal avenidas. La refriega acabó con la vida de José Jiménez, el cabeza de uno de los clanes. Tenía 46 años.
Y nadie cuestionaba la autoría porque las víctimas de aquella balacera dijeron que fue Rafael el que disparó. ¿Quién iba a poner en duda su palabra? Si, incluso, hasta el propio acusado se confesó culpable. «He sido yo», gritó cuando los ertzainas acudían a detenerle mientras aún sujetaba en sus manos el arma.
Ayer, sin embargo, tras la última de las sesiones del juicio que se ha venido celebrado a puerta cerrada en la Audiencia de Gipuzkoa, las cosas no parecen estar tan diáfanas. Se cuestiona lo fundamental: que Valdés Echeverría fuera el autor de los disparos. A estas alturas del proceso, después de una larga investigación, con una petición de condena de 57 años de cárcel, que una duda de semejante calado sobrevuele el juicio preocupó al tribunal.
Informe policial
¿Pero por qué surgen estas sospechas? La respuesta está en el sumario. Un informe policial revela que no se hallaron restos de pólvora en las manos del acusado. La prueba que se practicó tras el suceso arrojó un resultado negativo. Es decir, podría demostrar que Rafael Valdés no fue autor de los disparos, siempre, claro está, que las acusaciones no prueben que en el momento de los hechos el inculpado portaba guantes o se lavó a conciencia las manos antes de someterse a la pericial.
La defensa del acusado sostiene que ni una cosa ni otra, que su cliente no llega a tal grado de sofisticación en la conducta criminal. Además, recuerda que en la comisaría se dio la orden expresa de que no se le permitiera ir al lavabo precisamente para evitar que destruyeran evidencias.
Pero todavía hay más. La misma prueba de detección de residuos de pólvora le fue practicada a uno de los hijos del imputado. Y éste sí dio positivo.
¿Encubre Rafael Valdés a su hijo? La defensa sostiene que su cliente no mató a nadie y que cargó con toda la responsabilidad para evitar que otros miembros de su familia sufrieran posibles represalias a manos de los allegados de la víctima. Cree asimismo que, en medio de la refriega, es posible que ni siquiera los heridos supieran de dónde procedían las balas.
Opina que la Policía se dejó llevar por las manifestaciones autoinculpatorias del acusado así como las de las víctimas, y no se ocupó de dar con testigos ajenos a las familias enfrentadas con los que cotejar las versiones sobre lo ocurrido. En este sentido señala la defensa que fueron varias las personas que tras el crimen dijeron haber participado de manera directa en el incidente. Sin embargo, a ninguna de ellas se les practicó la prueba de la pólvora, precisa.
Peritos en la sala
A la vista de esta controversia, el tribunal, dirigido por la presidenta de la Audiencia Provincial, María Victoria Cinto, decidió de oficio citar para ayer a los peritos que elaboraron el informe de los residuos de disparo. Fuentes jurídicas indicaron que la declaración no aportó demasiada luz al caso.
Es de recordar que el inculpado se declaró inocente en la primera jornada del juicio y negó que fuera el autor de los disparos. Valdés manifestó que en el transcurso de los incidentes que se desencadenaron recibió un golpe con un objeto contundente en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Añadió que cuando recobró la consciencia las víctimas ya habían sido tiroteadas.
En la sesión de ayer, la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la familia del fallecido, reclamaron una condena de 57 años de prisión. Consideran que Rafael Valdés es autor de un delito de asesinato consumado y de otros tres en grado de tentativa. Por el primero de ellos solicitaron una pena de dieciocho años de prisión, mientras que por cada uno de los tres restantes reclamaron 13 años.
La defensa del inculpado solicitó la absolución, al entender que no disparó sobre las víctimas. El juicio quedó visto para sentencia.
En la sesión de ayer, ninguna de las partes solicitó medida cautelar alguna respecto al hijo del acusado, que si bien estaba citado como testigo, no compareció.