El Gobierno nunca ha mostrado una postura clara y uniforme sobre un debate tan difícil como el del burka. El Ejecutivo abomina de la prenda, pero tampoco es partidario del reguero de prohibiciones por parte de los ayuntamientos catalanes ante un problema «minoritario». Por eso, al día siguiente de que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, anunciara el veto del velo integral en las instalaciones municipales, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la titular de Igualdad, Bibiana Aído, apostaron por que se regulase su uso mediante una normativa nacional: la ley de libertad religiosa. Sin embargo, ayer ambos señalaron que los conflictos que puedan derivarse del uso del velo islámico integral ya tienen respuesta en el ordenamiento jurídico existente.

Precisamente esta última es la tesis de la enmienda con la que todos los grupos en el Senado pretendían frenar el miércoles la iniciativa del PP de prohibir que cualquier mujer con burka o niqab pasee por la calle. Sin embargo, CiU cambió su voto en el último momento y la propuesta popular salió adelante.

UN PROBLEMA MINORITARIO / Cuando el ministro de Justicia fue interrogado ayer por el asunto señaló que estudiará la moción pero adelantó que, «en los términos» en los que está redactada, «ya hay respuesta suficiente» en el ordenamiento jurídico español. Caamaño se preguntó cuántos burkas hay en España. «Yo no he visto ninguno. No debemos alentar ni generar un problema en España donde no lo hay», concluyó.

En términos parecidos se pronunció Bibiana Aído, quien pidió «tranquilidad» a la hora de debatir un tema «tan complejo» que ni si quiera se ha resuelto en la UE. La ministra de Igualdad se mostró partidaria de que, en el caso de que surjan «nuevos conflictos», se realice una regulación pero «en un clima de sosiego». «El objetivo no es solo que los burkas desaparezcan de las calles, sino que las mujeres no tengan que llevarlo ni en la vida pública ni en la privada, y para conseguirlo hay que hacer un trabajo serio contando con las comunidades musulmanas». En su opinión la prohibición completa que propugna el PP supondría añadir una «penalización» extra a las mujeres que deciden llevarlo.

EL CONGRESO / El PP y CiU pretenden que el reglamento que desarrollará la ley de igualdad sea el que incorpore el veto. Pero fuentes del departamento de Aído señalan que solo falta por desarrollar un aspecto referido a empleo y que en ningún caso este precepto hablará del velo integral. Además los populares quieren llevar al Congreso su victoria antiburka. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, señaló ayer que no ve «bien» abrir la Cámara en agosto para tratar «con urgencia» el tema.