La calma parece haber llegado a las aguas forales después de la fuerte tempestad que motivó la masiva llegada de menores extranjeros no acompañados (‘menas’) experimentada desde 2007, y que situó a los servicios sociales al borde del colapso. La situación fue tal que el propio diputado general amenazó con acudir a los tribunales para que el resto de autonomías cumpliera con sus obligaciones legales, como a, su juicio, estaba haciendo Álava. «Solidarios sí, pero tontos no», espetó en tono crítico Xabier Agirre a finales del pasado año al denunciar que el territorio acogía a más chicos que toda la comunidad de Madrid. Ahora, la realidad ha cambiado de forma radical. Según los datos a los que ha tenido EL CORREO, la cifra de ‘menas’ acogidos por el Instituto foral de Bienestar Social ronda los 60, menos de la mitad que el pasado año.

¿A qué se debe este descenso? El principal motivo, apuntan las fuentes consultadas, es la vertiginosa caída de cayucos que llegan hasta las Islas Canarias en busca de una mejor vida. Según el Gobierno central, el retroceso ha sido del 99% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio como consecuencia, sobre todo, del escaso eco que el país despierta por la grave crisis económica.

Sea como fuere, la actual coyuntura ha supuesto un balón de oxígeno tanto para el Ejecutivo foral como para los propios menores, que ahora, en teoría, disfrutarán de unos recursos mucho más desahogados y una atención más individualizada. Además, de estas 60 plazas oficialmente ocupadas, una quincena es de jóvenes que ‘motu propio’ han decidido abandonar la provincia en las últimas semanas. La reserva se mantiene ya que es una obligación legal de la institución foral. Se trata, en general, de jóvenes que están al borde de la mayoría de edad o que deciden marcharse tras ser requeridos por la Fiscalía para iniciar todo el proceso relacionado con la determinación de su edad. Sin embargo, en una reciente comparecencia en Vitoria del colectivo de apoyo a estos chicos, sus portavoces denunciaron que la «actitud recelosa, cuando no lesiva de la Diputación», hacia los ‘menas’ no sólo ha motivado abandonos de la ciudad, sino también el deterioro de su imagen «identificándoles como un problema».

Pruebas óseas y tutelas

Aunque los reproches siguen estando ahí, el ruido social y dialéctico en torno a este fenómeno ha perdido varios decibelios en las últimas semanas. Gran parte de culpa la tiene la puesta en marcha de un protocolo de actuación claro y definido (judicial y administrativo) que ha terminado con diversas irregularidades cometidas hasta la fecha. Por ejemplo, que la Diputación encarga la realización de pruebas óseas cuando el único competente para ello es el Ministerio Público. El Gabinete Agirre, sin embargo, justificó este proceder por la negativa de la Fiscalía para practicarlas, incluso en aquellos casos en los que existían «dudas más que razonables» de la mayoría de edad de un joven.

Éste ha sido el otro gran caballo de batalla sobre este asunto, un fenómeno, el alavés, que incluso protagonizó varios debates en el Congreso de los Diputados con un PNV presentando reseñas policiales asegurando que el 60% de estos chicos tenían más de 28 años cuando llegaron a Canarias. Sin embargo, cuando meses después se presentaban en Álava, poseían una documentación emitida en su país de origen que certificaba su minoría de edad.

Estas dudas llevaron al Gabinete Agirre a derivar todos los casos a los tribunales y aplazar la entrega de las órdenes de tutela, documento imprescindible para conseguir el permiso de residencia cuando cumplen la mayoría de edad – el PNV denunció que las mafias utilizaban esta vía para la regularización de extranjeros – . Ahora, todo ha cambiado ya que la Diputación ha comenzado a dar las órdenes, como por ejemplo le exigía el Ararteko. En las última semanas, ya se han emitido una treintena.