La moción aprobada por el Senado, con el voto a favor de PP, CiU y UPN, para que el Gobierno ponga en marcha «las reformas legales y reglamentarias» que sean precisas a fin de prohibir el uso del velo integral en los espacios públicos que no acojan manifestaciones estrictamente religiosas, dejó ayer en evidencia la disparidad de criterios que viene manejando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al respecto. Es verdad que, como exponía la moción alternativa secundada por PSOE, PNV, Entesa y Grupo Mixto, puede entenderse que la legislación vigente contempla la cuestión a través del Código Penal, la Ley de Igualdad y la de Violencia de Género. Pero sería excesivo concluir que su respectivo articulado resuelve el problema. La gran diferencia entre la respuesta que las citadas leyes dan al uso del burka o del niqab en el espacio público y la moción aprobada por el Senado es que en el primero de los casos se tiende a enjuiciar cada situación particular en la medida en que puedan violentarse derechos fundamentales de una determinada mujer en unas circunstancias dadas. Cuando el problema requiere una solución más general y efectiva, por la que el Estado de Derecho defienda la tolerancia frente a la intolerancia que supone la exposición pública de atuendos que entrañan una afrenta para la dignidad de la mujer, incluso aunque quien las use declare hacerlo libremente.
Por otra parte, la reiterada mención a la Ley de Seguridad Ciudadana, recordando que toda persona ha de poder ser identificada, aparece en demasiadas ocasiones como subterfugio para eludir una cuestión que afecta de lleno a la expresión democrática de la multiculturalidad y de la opción religiosa. A ello se le une la equivocada caracterización del velo integral como manifestación de la tradición y no del precepto religioso. Puesto que si bien esa apreciación puede ser correcta en cuanto al origen de las prendas, hoy resulta imposible de establecer la diferencia cuando mujeres que usan el burka o el nigab confiesan hacerlo llevadas por sus creencias, y cuando su uso resulta especialmente notable en las corrientes rigoristas del Islam. En este sentido, el Estado democrático no puede tratar el uso del velo integral como si fuese una expresión de fe inocua para la libertad de los demás, empezando por las demás mujeres que profesan la religión musulmana.