La propuesta solicita que solo se permita el velo integral en los acontecimientos de carácter religioso.

La propuesta solicita que solo se permita el velo integral en los acontecimientos de carácter religioso.

El Senado aprobó ayer, contra todo pronóstico, una moción presentada por el PP que pide al Gobierno que prohíba el velo islámico integral en todos los espacios públicos, incluida la calle. La proposición salió adelante, por 131 votos a favor y 129 en contra, gracias al cambio de opinión en el último momento de CiU.

El texto aprobado señala que «el Senado insta al Gobierno a realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso, en espacios públicos o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que provoquen que el rostro quede completamente cubierto y dificulten así la identificación y la comunicación visual». Seguidamente añade que «supone esta práctica una discriminación contraria a la dignidad de las personas y lesiona la igualdad real y efectiva de los hombres y las mujeres».

El PSOE había pactado la tarde del martes con todos los grupos, menos el PP, una enmienda de sustitución que eliminaba la prohibición e introducía la necesidad «de colaborar con las comunidades musulmanas para fomentar la educación y el respeto entre hombres y mujeres» e «implantar acciones de sensibilización de los colectivos sociales para garantizar el respeto a la dignidad de la mujer».

Pero en el último momento, los nacionalistas catalanes y UPN se desmarcaron del acuerdo con los socialistas, porque no se prohibía expresamente el uso del burka y del niqab, los dos velos islámicos que no permiten ver el rostro de la mujer. «No podemos tolerar que nadie entienda que no estamos a favor de prohibir el burka», explicó la senadora de CiU Montserrat Candini.

Para la senadora Alicia Sánchez – Camacho, que defendió la propuesta, el PSOE ha desautorizado a sus alcaldes que lo están prohibiendo en sus municipios. Tanto el PP como CiU confían en que la prohibición se concrete mediante un reglamento del desarrollo de la Ley de Igualdad. Pero el Gobierno no suele tomar en consideración las proposiciones aprobadas en contra de sus políticas. CiU propuso ayer al Congreso que se pida un estudio al Consejo de Estado.