“Es muy duro, sobre todo en invierno… por supuesto, tengo frío por la noche. Tengo una manta… no sirve de nada pedir otra. No te la dan. Nadie tiene dos… A veces hace tanto frío que no se puede dormir”, dice el joven Moussa. Palabras tan escalofriantes como estas se repiten una y otra vez en las 43 páginas del informe publicado ayer por Human Rights Watch sobre los centros de emergencia que acogen a menores inmigrantes no acompañados en Canarias. Según esta organización no gubernamental, el Gobierno canario mantiene a más de 250 menores en este tipo de infraestructuras en las que se pone en riesgo su bienestar y no se garantiza su integración en la comunidad.

Las críticas más duras van contra el centro tinerfeño de La Esperanza que, pese a su nombre, ofrece pocos motivos de optimismo a los menores que allí residen. Y es que se trata de un antiguo reformatorio juvenil abandonado y el peor centro de todos los que funcionan en términos de infraestructura, tamaño y ubicación. De él, explican, acogía en marzo pasado a un centenar de menores y que la situación es “inaceptable” porque hay frecuentes casos de violencia, la comida es de mala calidad, no hay calefacción y agua caliente aunque el centro está situado a 900 metros de altura, e incluso les limitan el número de mantas con las que pueden abrigarse por la noche. La conclusión de HRW es clara como el agua: “Se viola el derecho del niño a la protección contra la violencia y puede constituir un trato inhumano y degradante”, advierten. La situación es mejor en los centros de Tegueste y Arinaga, de menor tamaño y mucho más cercanos a núcleos poblacionales, pero en todo caso concluyen que los centros de emergencia de gran tamaño suponen “un obstáculo de oportunidades para la integración de los niños” y una “estigmatización de los menores inmigrantes”. Este tipo de centros surgieron a raíz de la oleada de inmigrantes irregulares que desembarcaron en Canarias en 2006. En total, llegaron más de 30.000 personas sin papeles, 928 de ellos menores sin padres. Muchos fueron acogidos en este tipo de infraestructuras que, pese a su carácter temporal, tres años después siguen funcionando. “Cuando realizamos nuestro estudio albergaban a 276 menores, 201 alojados en instalaciones de gran tamaño con 50 o más niños”, explica la autora del informe, Simone Troller, en el documento. Además, y aunque los menores inmigrantes no acompañados tienen derecho a permisos temporales y renovables de residencia, en cuanto cumplen los 18 años expiran lo que de facto les convierte en inmigrantes irregulares. “Supone que los niños se ven abocados inevitablemente a vivir en la calle, marginados y en situación irregular en cuanto dejan las estructuras de acogida”, lamentan.

Recomendaciones Aunque HRW admite que el Gobierno de Canarias se ha comprometido a cerrar La Esperanza antes de que termine el año y trasladar a los menores a Tegueste o Arinaga creen que la medida es insuficiente y exigen la abolición de este tipo de centros. Y es que, según alertan, los menores no pueden presentar denuncias confidenciales, se sigue mezclando a los más pequeños con los mayores, no tienen suficiente acceso al asilo y tienen pocas oportunidades para integrarse en la comunidad. “La situación ha mejorado pero es insuficiente”, explica el director de HRW en Bruselas, Reed Brody. Piden además del cierre una investigación sin demora de la fiscalía y nuevas garantías de trato para los menores, información sobre asilo y su separación por grupos de edad.