Caían las bombas del Ejército israelí en la franja de Gaza cuando Yafa volaba rumbo a Siria. Era diciembre de 2008 y la ‘operación Plomo Fundido’ daba sus primeros zarpazos. Este palestino de 27 años acababa de abandonar para siempre el masificado campo de refugiados en el que vivía. Fue una huida perfectamente planeada. Se trataba de una cuestión de vida o muerte. Dos años después, está en España, ha conseguido el asilo político, pero su futuro es incierto. Una historia más de las muchas que cuentan miles de asilados o aspirantes a serlo, que se supone que hoy deberían celebrar el Día Mundial del Refugiado.

Yafa puso pies en polvorosa con una maleta en la mano y su salvoconducto en la otra: una tarjeta de la ONU que identificaba su condición de refugiado político. Una licencia que a la larga acabaría siendo su certificado de vida. Recomendado por unos conocidos, en diciembre de 2009 viajó de Damasco a Madrid en busca de «Eldorado español». Pero pronto se dio de bruces con la realidad. Pasó dos días en el aeropuerto de Barajas, rellenando formularios y rememorando los «angustiosos» motivos de su huida. Horas y horas interminables hasta que Cruz Roja se hizo cargo de su expediente y le llevaron a un centro de acogida del madrileño barrio de Vallecas.

En su mano llevaba un permiso temporal de estancia de tres meses mientras se tramitaba su permiso de residencia. Como él, 3.000 personas pidieron el pasado año ser asiladas por motivos políticos, la cifra más baja desde hace 20 años. De ellas, sólo recibieron el plácet 179, un exiguo 6% del total, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En ese «privilegiado» grupo acaba de entrar Yafa. Tras meses de incertidumbre y farragoso papeleo, hace tres días el Ministerio del Interior envío una carta al palestino en la que concedía un permiso de residencia para cinco años. Se acabaron las renovaciones temporales e, «inshalá» (ojalá), la negativa de los patrones que en este tiempo han dado largas a sus peticiones de trabajo porque no tenía papeles. «A veces lo pienso y creo que conseguir el asilo en España fue más difícil que escapar del Gobierno de Hamás», reconoce con el papel en la mano.

Su aval fue la tarjeta que Naciones Unidas concedió a los miles de palestinos que en 1948 fueron expulsados del territorio de lo que hoy es el Estado de Israel, entre ellos la familia de Yafa. Una suerte que no tuvieron sus compatriotas que sufrieron el destierro tras la Guerra de Seis Días de 1967, que sin pasaporte ni salvoconductos son apátridas que no tienen Gobierno que les acoja.

Control

Este descenso de las solicitudes de refugio político en España y que el 94% de las mismas sean denegadas son datos que, según CEAR, ponen de relieve las enormes dificultades para acceder al procedimiento de asilo. Las políticas de control de fronteras se han consolidado y han convertido el territorio nacional en una fortaleza indiferente a la violación de los derechos humanos. Y los que lo consiguen, como es el caso de Yafa, tienen que sudar para lograr el asilo.

Interior no reconoce a la mayoría su condición de refugiados bien por la falta de pasaporte bien por la invalidez de su testimonio cuando llegan a España. Entonces, comienza para ellos una nuevo periplo administrativo, el de regularizar su situación a través de la Ley de Extranjería. Eso requiere una permanecía estable en el país de dos años y carecer de antecedentes penales. Trámites que, en ocasiones, encuentran obstáculos en las propias embajadas de los solicitantes.

Por ello, CEAR pide que por razones humanitarias o de interés público pueda autorizarse la permanencia en España del interesado cuya solicitud no haya sido admitida a trámite o denegada, en particular cuando se trate de personas que se hayan visto obligadas a abandonar su país por razones políticas, étnicas o religiosas.

La organización humanitaria pide que se tenga en cuenta la situación social y laboral en la que quedan. Una vulnerabilidad que se acrecienta con el impacto de la crisis económica, que afecta tres veces más a los inmigrantes. En el caso de Yafa, el horizonte es igual de oscuro. Sobrevive de las ayudas de CEAR – «me pagan el abono de transporte y 50 euros para mis cosas», cuenta – , y tiene tres meses para encontrar trabajo si quiere seguir viviendo en un piso de la asociación.