Otras tantas mujeres tienen un seguimiento periódico en la comunidad por parte de las fuerzas del orden

Otras tantas mujeres tienen un seguimiento periódico en la comunidad por parte de las fuerzas del orden

Les costó, pero al final rompieron la cadena que las tenía atadas a un ladrillo que poco a poco las iba empujando cada vez más hacia el fondo del pozo. Son las más de 2.000 víctimas de violencia contra la mujer que en Galicia tienen una orden de protección contra sus ex parejas. El caso de la joven a la que su marido disparó en la cara hace unos días en A Coruña, los juicios que se celebraron esta semana en A Coruña, Pontevedra y Vigo o las 32 mujeres muertas en España en lo que va de año recuerdan que las historias que han vivido esas más de dos millares de víctimas son la muestra de que hay que continuar avanzando en materia de prevención y concienciación.

Y las cifras son un testigo fidedigno de la realidad que existe en la comunidad. Solo la Policía Nacional, según los datos que maneja la Delegación del Gobierno, tiene contabilizadas 2.109 órdenes de protección en Galicia. A esa cantidad habría que sumar las que tiene registradas la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad que tiene 933, pero en la cifra no discrimina entre las que son por violencia contra la mujer de las que son, en general, por violencia doméstica (las que son entre miembros de la familia). El dato puede variar en cuestión de horas, pero también es cierto que entre enero del 2010 y el 16 de junio de este mes, un total de 1.079 mujeres pidieron que se las protegiera. A un 90% de esas demandas, según la Delegación del Gobierno, se les dio luz verde.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y las cuatro unidades provinciales creadas en el 2007 por el Gobierno central hacen un seguimiento periódico de cada caso y, al mismo tiempo, cada víctima tiene el número de un agente al que llamar en caso de verse en un contexto de peligro.

Pero el trabajo no solo se realiza con las víctimas, también se hace un control periódico de los supuestos maltratadores. En lo que va de año, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron un total de 4.371 evaluaciones de riesgo a más de 2.000 presuntos agresores para hacer una valoración del peligro que pueden suponer. Ese es el paso inicial para luego adoptar las medidas pertinentes en cada caso.

Aunque los datos de denuncias facilitados el viernes por el Consejo General del Poder Judicial a nivel estatal muestran cómo la población inmigrante es la que más sufre casos de este tipo, las víctimas pertenecen a todo tipo de clases sociales.