Casi un año de investigaciones, escuchas telefónicas, seguimientos y grabaciones desde un helicóptero no han permitido a los Mossos reunir pruebas que constaten la existencia de un tribunal islámico en Valls (Alt Camp) que, según la denuncia de la supuesta víctima, habría sentenciado a la mujer a morir en marzo de 2009 tras haber quedado embarazada de un hombre que no era su pareja.

EL PAÍS ha tenido acceso a los casi 2.500 folios del sumario del caso, que muestran cómo los Mossos, espoleados por la relación de los sospechosos con un líder de la mezquita local de “marcado” carácter salafista, tratan de corroborar la versión de la mujer. El empeño topa con dos obstáculos insalvables: la falta de pruebas y la actitud de la supuesta víctima, que huye a Marruecos y ya ha plantado tres veces al juez para ratificar la denuncia. El sumario recoge dudas sobre la salud mental de la mujer, que antes de huir, por ejemplo, se niega a compartir el cartón de leche con sus compañeras del centro de acogida por miedo a ser envenenada.

Nueve hombres fueron detenidos y seis pasaron cuatro meses en prisión hasta que el Juzgado de instrucción 1 de Tarragona los dejó en libertad sin fianza el pasado 12 de marzo. Un mes antes podrían haber salido de la cárcel si hubieran pagado 6.000 euros de fianza. Pero nadie en el grupo, que, según las escuchas, llevaban una vida pegada a la marginalidad, logró reunir el dinero.

La denunciante aseguró el 24 de marzo de 2009 que había sido secuestrada a punta de cuchillo dos días antes para ser trasladada a una masía de Valls, en la que una veintena de hombres con turbantes la condenaron a muerte. También dijo que huyó en una distracción de sus captores. En esa fecha arrancó la investigación en la que Los Mossos, tras constatar la existencia de la masía y verificar que sus inquilinos eran reconocidos por la denunciante, concluyeron que los detenidos habrían instaurado un tribunal basado en la sharía o ley islámica.

Los imputados fueron arrestados el pasado 14 de noviembre y se enfrentan a penas de hasta 23 años por detención ilegal, tentativa de homicidio y detención ilícita. Tres de los arrestados, entre ellos el supuesto ejecutor de la condena y Rachid E., presunto cerebro de la red, quedaron en libertad días después. La policía intervino 25 teléfonos y siguió a una docena de sospechosos. Solo constató que los imputados, pese a sus contactos salafistas, para subsistir, formaban una red orientada a trapicheos como el menudeo de droga y la reparación de coches viejos.El único testigo para corroborar el relato de la denunciante, el dueño del bar en el que la mujer pidió ayuda, confirmó que ese día estaba “nerviosa y aterrada”. Bastó para obtener la autorización para las intervenciones telefónicas con que los agentes armaron el esquema de la presunta trama.

La primera intervención se practicó al móvil del supuesto verdugo, Mohammed A., quien alquila la masía junto al líder de la mezquita de Valls, Rachid E. Un mes más tarde, los pinchazos eran ya una docena y los Mossos consideran que los investigados forman un grupo bien organizado, con jerarquías, y teñido de la corriente islámica radical salafista. Además, comprueban que el supuesto cerebro del grupo tiene lazos de parentesco con el imán de la mezquita de la localidad de Valls y con otros personajes influyentes de oratorios cercanos, como el de Reus. Por ello la policía alerta al juez de la relevancia de un caso que podía revelar una conjura salafista con “conexiones internacionales” para “implantar la sharía en la sociedad occidental”.

Pero las conversaciones apenas aportan datos relevantes para el caso ni ninguna relación delictiva con redes de otro país: la mayoría versa sobre chanchullos de poca monta. Los agentes concluyen que algunos imputados se reúnen de forma semiclandestina ya que quedan para “jugar a fútbol” tras la primera oración de la mañana, que utilizan palabras clave y que evitan hablar de hechos delictivos por teléfono.

El caso parece definitivamente encharcado hasta que, a principios de noviembre, solicitan realizar detenciones y registros de varios domicilios como última baza para hallar “pruebas convincentes”. En la masía se encuentran varias cintas y casetes de corte salafista; en el domicilio del supuesto ejecutor no se registra un solo indicio, y en la vivienda del presunto cerebro de la trama, más revistas y publicaciones sobre esta corriente del islam.

La versión de los detenidos coincide en que dejaron dormir a la mujer en la masía de Valls después de que esta les explicara que no tenía adónde ir. Dos días después, desapareció sin dar explicaciones. Algunas declaraciones difieren, sin embargo, sobre el tiempo que la mujer pasó en la casa y la forma en que se fue de allí. Los Mossos achacan tales diferencias al fracaso de intentar explicar una coartada “preparada con anterioridad”, mientras insisten en la coherencia de la víctima.

La policía catalana aún le atribuye total credibilidad pese a que el juez ya cuestiona ese relato dadas las repetidas ausencias de la mujer. Su huida, defendieron los Mossos tras los dos primeros plantones, se debe “a un gran miedo insuperable”. Otros declarantes incluidos en la instrucción sí alertan sobre el confuso estado mental de la denunciante. “Tenía rasgos de psicosis. Pensaba que todo el mundo conjuraba contra ella y la percepción que tenía de la realidad estaba alterada”, dice al juez la responsable del piso social en que la supuesta víctima residió durante el mes y medio posterior a la denuncia. El magistrado está ahora más preocupado por encontrarla que en la posible implantación de un tribunal islámico en la zona, señalan fuentes judiciales.