La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a los cabecillas de una organización dedicada a traer a Castellón a mujeres brasileñas a las que obligaban a prostituirse, y ha absuelto a otras dos mujeres que fueron procesadas como presuntas colaboradoras. Ambos han sido condenados por un delito de tráfico de personas por el que el fiscal pidió 15 años de prisión durante el juicio, celebrado a principios de junio.

En su sentencia, el titular de la sección primera de la Audiencia estima que los condenados, Jesús G. y Maria Lidia D., «organizaron desde España un procedimiento de captación de mujeres extranjeras con el fin de dedicarlas a la prostitución en el club de alterne que regentaban». El juez estima además que «eran conocedores de que iban a someterlas, con el fin de saldar la deuda contraída con el viaje, a un régimen d trabajo que restringía en ocasiones su libertad y denigraba su dignidad».

Los condenados constituyeron la parte española de una organización que se dedicaba con ánimo de beneficio ilícito a traer mujeres desde Brasil para que ejercieran la prostitución en el club de alterne Las Musas, situado en la avenida de Hermanos Bou de Castellón. Jesús y María Lidia «ejercían de forma conjunta la dirección de los negocios» del local.

Una vez llegaban al local las mujeres de nacionalidad brasileña (que venían a España a ejercer la prostitución y que tenían que reembolsar únicamente los gastos ocasionados por los billetes de avión), el matrimonio retiraba a las mujeres los billetes de vuelta y la carta de invitación y les exigían el pago de una cantidad de dinero desorbitada por el coste del viaje, que generalmente era el doble del importe de los billetes así como también el abono de todos los gastos generados por manutención y alojamiento en el complejo hostelero. Por este procedimiento llegaron a España durante 2006 y parte del 2007 un total de ocho mujeres para ejercer la prostitución. Todas ellas estaban explotadas para sufragar la citada deuda. La Audiencia ha absuelto a las otras dos procesadas (que trabajaban para el matrimonio) al estimar que «no queda probado que tuvieran intervención alguna en los actos de favorecimiento de la inmigración clandestina».

Fue en marzo de 2007 cuando los agentes de la Policía Nacional realizaron un control en el citado local dentro de una operación para luchar contra las redes de inmigración ilegal para la explotación sexual. Ese día se detuvo a nueve mujeres por estancia irregular. Tres meses después, la policía detuvo al matrimonio y a las dos mujeres ahora absueltas por integrar la banda que obligaba a prostituirse a las mujeres para contraer la deuda.