La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró ayer en el Parlamento vasco que la Ley autonómica de Servicios Sociales no reconoce a los inmigrantes en situación irregular como un colectivo «específico» que deba recibir ayuda de las administraciones, aunque pueden percibir apoyo de las asociaciones humanitarias y los sindicatos. Zabaleta justificó de ese modo la eliminación del servicio jurídico Heldu, un órgano de la Administración vasca creado en octubre 2002 para ayudar a los inmigrantes a empadronarse y posteriormente regularizar su situación y encontrar un empleo.

«Estamos pidiendo grandes esfuerzos a los trabajadores y a los pensionistas. No vamos a dejar de tomar decisiones para racionalizar los servicios públicos y evitar duplicidades», zanjó la consejera, en respuesta a Ezker Batua, que había pedido explicaciones sobre el futuro de Heldu.

Este organismo, que cuenta con 23 abogados y técnicos repartidos en las oficinas de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, cerrará sus puertas el próximo 15 de julio, cuando expira el contrato suscrito con la sociedad Proyectos Jurídicos, que se adjudicó el servicio. Zabaleta reconoció que esa entidad no le gustaba porque «no se le conoce otra actividad» aparte de gestionar Heldu y, a su modo de ver, parece haber sido expresamente creada para realizar ese cometido. Insistió en que defendía la misma postura cuando era parlamentaria de la oposición, aunque informó de que representantes de su departamento se reunirán con los trabajadores afectados para estudiar la situación laboral en que quedarán.

Las explicaciones de la consejera no dejaron satisfecho al parlamentario de EB, Mikel Arana, quien replicó que, desde su punto de vista, la Ley de Servicios Sociales sí ofrece un encaje para que las instituciones vascas – Ejecutivo de Vitoria, diputaciones y ayuntamientos – puedan ocuparse de los inmigrantes irregulares en Euskadi. «La ley habla de los colectivos amenazados de exclusión social, y los ‘sin papeles’ se encuentran en ese caso», dijo Arana.

«Voluntad política»

Los trabajadores de Heldu, algunos de los cuales acudieron a la Cámara de Vitoria para escuchar a Zabaleta, consideraron positivo que «ella haya aceptado una interlocución». No obstante, reiteraron que, en su opinión, la continuidad de Heldu «no se puede poner en duda por motivos técnicos o jurídicos, sino que es, sencillamente, un asunto de voluntad política». Óscar Vellisca, empleado de la oficina de Bilbao, negó que el servicio jurídico duplique el trabajo de otros órganos. «Es complementario con las ONG, que nos envían inmigrantes para realizar consultas», recalcó.

Vellisca pidió a la consejera Zabaleta que «reflexione» antes de echar la persiana a Heldu, que ha tramitado 33.608 expedientes. «Si había demanda cuando se creó y entonces nadie dijo nada, ahora la demanda es mayor», recordó.