La crisis y, sobre todo, la presión policial contra la migración clandestina han frenado en seco las solicitudes de asilo. El pasado año unas 3.000 personas pidieron entrar en España como refugiados, un 33,6% menos que en 2008. Se trata de la cifra más baja desde que se computan los datos y contrasta con el crecimiento moderado que se ha producido en la Unión Europea, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Los países de origen de la mayoría de los solicitantes de asilo fueron Nigeria (459), Costa de Marfil (304), Colombia (247), Argelia (181), Guinea (130), República Democrática del Congo (113) y Camerún (112). De estas peticiones, el Ministerio del Interior concedió a 179 personas el estatuto de refugiado, a 162 le dio la protección complementaria y a ocho personas protección por razones humanitarias. Las organizaciones sociales consideran que las cifras de España tienen que ver con las políticas aplicadas en los últimos años. En concreto, la lucha contra la inmigración clandestina que los países de la Unión Europea han convertido en prioridad y casi obsesión, sobre todo en Italia, Grecia y Turquía.

Como bien ha señalado Naciones Unidas, las personas que necesitan protección internacional huyen de la persecución mezcladas con aquellas que emigran en búsqueda de trabajo. Y juntas llegan a territorio europeo, si es que pueden llegar en medio de los crecientes controles de fronteras. Las acciones de Frontex y los convenios bilaterales que se han hecho con los países de origen y tránsito de inmigrantes han creado enormes cárceles donde éstos quedan atrapados e impiden que lleguen a territorio europeo, denuncia CEAR.

Además del control fronterizo, la comisión de ayuda al refugiado cita la ausencia de información adecuada en el aeropuerto barcelonés de El Prat, la dificultad para entrar en Melilla y contar con intérpretes cualificados en idiomas asiáticos en esta ciudad (332 personas de origen asiático llegaron allí en 2009) o por el cierre de Ceuta basado en la colaboración de Marruecos y la vigilancia policial. Además, menciona como «preocupantes» el oscurantismo de los puertos y las dificultades para atender a polizones, tanto en Barcelona como en Valencia.