eL Gobierno de Zapatero ha lanzado un nuevo debate social a la opinión pública: la regulación del uso del burka – la prenda que aprisiona en su interior a la mujer, triste símbolo de Afganistán – , limitando su uso en los espacios públicos aprovechando la futura Ley de Libertad Religiosa. En realidad, más allá de que la medida sería lógica desde la realidad de que la utilización del burka atenta contra la dignidad de las mujeres – tiene que ver con abusos sociales y culturales reconvertidos en fanatismo religioso – , o que puede generar sensaciones y situaciones de inseguridad en la convivencia, el debate parece ficticio si es un problema que no existe en el Estado español. Es más, puede introducir una polémica confusa en el que se mezcle el burka con otras prendas como el hiyab o que incida en la diferenciación étnico religiosa entre ciudadanos desde criterios de exclusión o imposición. No parece que tenga sentido legislar específicamente contra una vestimenta que ni se impone ni se usa y menos cuando la legislación general contiene criterios de salvaguarda de los derechos y de la dignidad de las mujeres independientemente de si practican una religión u otra o ninguna. O quizá sólo sea una cortina de humo ante otras cuestiones pendientes de esa Ley de Libertad Religiosa – que lleva un año en debate y aún es un borrador – , como la aplicación de los límites democráticos a la libertad de culto y a las prácticas religiosas o la permanencia de un predemocrático Concordato con el Vaticano que sigue garantizando la financiación pública de un modelo católico jerárquico, adoctrinador y centrado en el poder político y económico terrenales.