En apenas media hora, las tres prostitutas que trabajan en la calle hacen dos servicios cada una, y varios clientes más se ven obligados a estar un buen rato dando vueltas a la redonda con su coche esperando a que vuelva a aparecer alguna chica. Esta es la entrada del polígono industrial de La Garena, una zona de empresas de cierto renombre convertida en ocasiones en un improvisado burdel. Lo mismo ocurre en los sitios de alrededor. A plena luz del día.

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el lunes imponer multas que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros tanto a clientes como a prostitutas que se relacionen a menos de 200 metros de colegios, viviendas o empresas. Las prostitutas hacían ayer la calle en la puerta de un hotel de cuatro estrellas, a la vista de todos los clientes. “De acá, de ejercer en la calle, no nos mueve nadie”, asegura una con acento latinoamericano. “Aléjate, que me quitas el negocio”, pide, aunque al minuto se monta en un Audi A3 blanco conducido por un chico joven.

Desde el Ayuntamiento aclaran que no se trata de ilegalizar la prostitución, ya que no es competencia municipal, sino de alejarla lo más posible de entornos con mucho tránsito. “Son unas multas altas para disuadir la práctica”, añade esta misma fuente, que explica que las prostitutas podrán cambiar sus multas por programas de reinserción social.

Las chicas dicen que trabajan por su cuenta, pero no hay más que preguntarle a cualquier trabajador de la zona para que te cuente cómo unos coches con los cristales tintados las traen y las recogen a diario. “Dan una imagen lamentable del polígono”, afirma un encargado de Apson, una empresa de cortes por láser. Y añade que a pesar de que el suelo del sitio es muy caro, se ve deteriorado por el mercadeo sexual.

En plena acera, una colombiana que lleva dos años prostituyéndose no ve claro a qué se va a dedicar si les fríen a multas. “Tal y como está la cosa no veo que pueda trabajar en nada. Era camarera y me echaron. Nos queda buscarnos otro lugar”, dice. No dejan de pasar coches por delante de clientes que se detienen, bajan la ventanilla y regatean el precio.

Alcalá no se ha propuesto únicamente poner orden en el mundo de la prostitución. Ha elaborado un texto de convivencia ciudadana de 74 artículos que pretende “regular la vida” en el municipio. Los grafiteros o quien haga daño al patrimonio pueden ser multados hasta con un millón de euros, y otros que orinen en la calle o hagan mucho ruido podrán ser sancionados con 1.500.

La ordenanza aún no se ha aprobado en el Boletín Oficial de la Comunidad, por lo que aún queda tiempo para que se puedan presentar alegaciones. La ordenanza, que previsiblemente entrará en vigor después del verano, implica también a los vendedores de clínex de los semáforos, los mendigos que obstaculicen la vía o los que acosen a los viandantes con sus súplicas, y se vigilará que no se atente contra la dignidad de las personas. También actitudes xenófobas. En los últimos meses se podían encontrar en el Inem pegatinas que decían: “Por vuestra culpa se ha hundido el país”.