Esta expresión apareció a comienzos de los años 60 como tarjeta de presentación de James Bond en la primera película de la serie que llegó a nuestras pantallas: el agente 007 tenía “licencia para matar a quien quiera y donde quiera al servicio secreto de Su Majestad”. En realidad el permiso no constituía novedad alguna: la prerrogativa de matar a sus propios ciudadanos o a los extranjeros siempre fue privilegio de los estados en todos los tiempos, en nombre de la represión del crimen, o de la seguridad interna o de la defensa de la patria, y para ello han utilizado una legión de funcionarios diversos: verdugos, soldados, jueces, fiscales, curas, policías, espías, agentes secretos o voluntarios “patriotas”. El derecho de disponer de las vidas de los otros: dudoso privilegio de los padres de la patria.

El nacimiento de los “paraestados” de la guerrilla, el crimen organizado y el narcotráfico en países y en tiempos cercanos, ha repartido la licencia para matar entre los estados y esos poderes que cogobiernan países que hablan nuestra misma lengua. La masacre de campesinos o la ejecución de alcaldes de pequeños pueblos es un horror del que solo supimos por los noticiarios. Aunque nuestra realidad nacional aún está lejos de esas pesadillas, las matanzas usuales en la Colombia de hace algunos años, o vigentes en el México presente, empezaron por algunos fenómenos sin aparente relación entre sí: secuestros, robo de vehículos, asaltos rutinarios, asesinatos que tocan a políticos y funcionarios y, sobre todo, el meteórico incremento del sicariato. Es decir, más o menos lo mismo que empezamos a “percibir” aquí.

En reciente informe sabatino, el presidente Correa se refirió al fenómeno del sicariato como una “pandemia mundial”. Eso es verdadero en aquellos países donde reinan la pobreza, las desigualdades, la corrupción y el desprestigio de las instituciones que garantizan la justicia, la seguridad y la democracia. No lo es en lugares como Noruega, Finlandia, Suiza o Nueva Zelanda, solo por mencionar algunos. El asesinato del ex primer ministro sueco Olof Palme, hace algunos años, fue un acontecimiento excepcional y no representativo del funcionamiento regular y del arraigado respeto a la vida y a los derechos humanos en esas sociedades. El asesinato por encargo para ajustar cuentas, “hacer justicia” o resolver litigios es un síntoma inequívoco de la precaria salud de las instituciones de seguridad y de justicia en cualquier Estado.

En nuestro país hay un deterioro constante de la tranquilidad de los ciudadanos desde hace años; solíamos presumir que el Ecuador es “una isla de paz”, y ahora solo nos queda el recuerdo. Hace treinta años la mayoría de los ecuatorianos no teníamos ningún pariente ni conocido que haya emigrado o que haya sufrido un asalto en nuestras calles; ahora todos tenemos un familiar cercano viviendo con papeles o sin ellos en Europa o en los Estados Unidos, y todos hemos sido víctimas de robos o asaltos violentos ¿Sería exagerado temer que a este paso algún día la mayoría de los ecuatorianos perderemos algún familiar o amigo por las balas mercenarias de una pandemia que afecta exclusivamente a los países pobres? Porque el fin de semana ya mataron al amigo de un amigo de mis hijos.