La ola abolicionista se extiende como una mancha de aceite en Cataluña. Barcelona se convirtió ayer en la primera gran ciudad en prohibir el uso del ‘burka’ y el ‘niqab’ en los edificios municipales. Medida a la que se sumó horas después Tarragona. Gerona, en cambio, tumbó una iniciativa similar del PP.

Aunque la Generalitat, y su presidente a la cabeza, han afirmado que la presencia de estas prendas musulmanas no es un problema aún en la sociedad catalana, tanto el PSC de Barcelona como el de Tarragona desoyeron a sus líderes y votaron a favor del veto al velo integral. En Barcelona, el alcalde, Jordi Hereu, anunció que impedirá en inmuebles de titularidad local la utilización no sólo del ‘burka’ y el ‘niqab’, sino también de todo elemento que impida identificar a las personas, como pasamontañas o cascos de moto. La prohibición se impondrá mediante un decreto de la alcaldía, con lo que no deberá ser discutida en comisión ni en el pleno municipal.

El alcalde afirmó que la medida, que podría entrar en vigor después del verano, servirá para «regular y homogeneizar el uso y acceso de los equipamientos municipales, a partir de un principio básico como es la identificación de la persona». El reglamento afectará a mercados, bibliotecas, centros cívicos, guarderías, museos, centro cívicos, polideportivos y centros sociales. Esta prohibición «no es un atentado contra ninguna creencia religiosa, Barcelona valora la diferencia, pero aquella que es compatible con los valores de la ciudad», dijo el alcalde. Es por seguridad y por ser una expresión «de sentido común» pues «no es posible entrar en un equipamiento y que no se permita la identificación».

En la calle, no

Hereu anunció la próxima aprobación del decreto tras la reunión de la comisión de inmigración, en la que los grupos concluyeron que el Consistorio no puede prohibir los velos integrales en la calle, pero sí en los edificios del Ayuntamiento.

Iniciativa argumentó su negativa a la prohibición en que «no tiene sentido regular una realidad que no existe y que no es percibida como problemática por el conjunto de las personas», según Ricard Gomà, número dos en el ayuntamiento. «No caeremos en la trampa de situarnos en la agenda de la derecha con actitudes y prácticas xenófobas», remató.

CiU y el PP, en cambio, consideraron insuficiente el anuncio de Hereu y pidieron que la prohibición se aplique también en la vía pública.