Primero fue Anastasio Hernández, quien tras 27 años de vivir en San Diego, California, decidió enfrentar a los agentes de la Patrulla Fronteriza que iban a deportarlo. Los agentes lo sometieron sin dificultad y ya en el suelo lo patearon una y otra vez hasta que le provocaron la muerte utilizando un arma de descargas eléctricas. Después Sergio Adrián, un chico de 14 años que asomó la cabeza un instante mientras se ocultaba tras las columnas que sostienen el Puente Negro que cruza desde Ciudad Juárez (México) a El Paso (Texas), instante que arteramente fue aprovechado por uno de los elementos de la Patrulla Fronteriza para disparar su arma de servicio directo a la cabeza del muchacho.

En México, algunos analistas han insinuado en tribunas periodísticas que se trataba de mandar un mensaje de fuerza, intimidación y miedo a los migrantes indocumentados que a diario cruzan la frontera.

El hecho es que, hasta ahora, Washington resta importancia a la muerte de los mexicanos y en sus declaraciones parece que trata de justificar a los autores de estas muertes.

En cambio, la opinión pública mexicana está indignada. En el caso de Sergio Adrián, muerto en territorio mexicano, el 87% pide al Gobierno de Felipe Calderón que exija la extradición del asesino para que sea juzgado aquí y demanda de paso que la indagatoria no se deje en manos de la justicia estadounidense.

En opinión del 55% de las personas que entrevistamos en esta encuesta para EL PAÍS las actitudes discriminatorias de los gringos hacia los mexicanos han ido en aumento. La inseguridad y la violencia derivadas de la guerra de Calderón contra el narcotráfico han hecho crecer el miedo de los norteamericanos a los sin papeles, piensa la mitad de los encuestados. Otros, la cuarta parte, opinan que ha sido la crisis económica la que ha disparado las actitudes homofóbicas contra los mexicanos que viven dentro de territorio estadounidense.

Por lo que sea, pero el 67% está convencido de que México podría tomar medidas mucho más severas como protesta contra los abusos de la Patrulla Fronteriza sin que ello suponga poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno mexicano, hasta ahora, se ha contentado con exigir que se hagan las investigaciones conducentes, actitud que a la inmensa mayoría le parece tibia ante la gravedad de los hechos.