El debate sobre la inmigración en Estados Unidos lleva años en la calle, una discusión pública intensificada desde que el 24 de abril Arizona aprobó una ley otorgándose la autoridad para detener a cualquier sospechoso de estar sin papeles en el estado que entrará en vigor el 29 de julio. Ayer, no obstante, la Casa Blanca se selló y cerró cualquier acceso a la prensa para cubrir una reunión entre el presidente, Barack Obama, y la gobernadora de Arizona, Jen Brewer, que se anticipaba tensa.
La barrera de silencio podía servir como protección a la Administración ante la perspectiva de que la reunión, solicitada por Brewer, no sirviera para acercar posturas. Porque los discursos coinciden en puntos esenciales (la importancia de incrementar la seguridad en la frontera, la necesidad de regular la inmigración) pero están separados también por divergencias abismales.

Aunque sin llegar como muchos activistas e incluso algunas autoridades a definir la ley SB1070 de racista, Obama ha criticado duramente una normativa que considera «mal encaminada» y ha llegado a definir como «error». Incluso ha puesto a trabajar a su Departamento de Justicia para estudiar la constitucionalidad de la medida y potenciales opciones para bloquearla.

Brewer, por su parte, ha llegado a Washington (donde participa en una reunión de un Consejo de Gobernadores que estudian temas de seguridad nacional y para el que fue nombrada por Obama) con el mismo tono retador que ha empleado desde que la ley le puso en el primer plano de la actualidad nacional. La víspera del encuentro, en una entrevista en la CNN, la gobernadora republicana decía ante la perspectiva de un reto federal en los tribunales: «Nos veremos en el juzgado. Tengo un buen historial de victorias».

RECLAMAR ATENCIÓN / La reunión de ayer se planteaba como un encuentro de peso simbólico para tratar de demostrar que dos partes enfrentadas pueden sentarse en la mesa y hablar. Pero nadie esperaba avances.

Para Brewer, la reunión era una forma de sumar atención a sus reclamaciones de que Washington acometa ya una reforma de las leyes de inmigración que lleva años posponiéndose. Para Obama, mientras, es otra muestra del delicado equilibrismo que tiene que hacer al lidiar con un asunto que había prometido hacer prioritario tras su llegada a la Casa Blanca pero que ha tenido que posponer para avanzar en el Congreso otras reformas como la de sanidad, la del sector financiero y la del sistema energético.

El presidente es consciente de que no puede arriesgarse a alienar más a los hispanos, bloque de votantes clave en su elección y potencialmente determinantes también en muchas carreras en las legislativas de noviembre. A la vez, el partido político que pueden sacar los republicanos de un asunto que enerva a muchos votantes conservadores, especialmente en un momento de crisis económica y alto desempleo, obliga a Obama a mostrar mano dura y compromiso con una reforma.

De momento, el presidente ha incrementado en 410 millones de euros la dotación económica para mejorar la seguridad en la frontera con México y hace unas semanas anunció el envío de 1.200 miembros de la Guardia Nacional.

Las calles de EEUU, y especialmente las de Arizona, mientras, hierven. Las últimas manifestaciones tanto a favor como en contra de la ley estatal congregaron a decenas de miles de personas este fin de semana en Phoenix. Entre los opositores, crecen las críticas y las llamadas al boicot al estado, donde se han cancelado desde decenas de convenciones hasta conciertos.