Destapan una trama que alteraba el censo para regularizar a 'sin papeles'

Las Provincias, MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE., 03-06-2010

La Guardia Civil ha asestado un importante golpe a las redes que falsifican documentos a cambio de dinero para que los inmigrantes irregulares que residen en la provincia puedan lograr sus permisos de residencia y trabajo. Según ha podido saber este diario por fuentes próximas a la investigación, el Servicio de Información de la Comandancia de Alicante ha puesto al descubierto una trama que operaba en diversas localidades de la provincia con la ayuda de funcionarios municipales corruptos que, supuestamente, alteraban los datos del censo.

La operación se encuentra bajo el secreto sumarial decretado por un juez, por lo que el hermetismo en las fuerzas de seguridad es absoluto y se desconoce por tanto el alcance, la trascendencia y los detalles del despliegue.

Las pesquisas han sido arduas y laboriosas porque arrancaron hace varios meses, cuando al parecer se detectó que algunos extranjeros presentaban solicitudes de permisos de residencia con datos presuntamente falsos pero amparados por documentos oficiales.

Ayer la investigación pasó a la fase de explotación. La Guardia Civil practicó diferentes registros domiciliarios en varios municipios, sobre todo en la Vega Baja, como Pilar de la Horadada y practicaron un número de detenciones que las fuentes consultadas por este diario no supieron precisar.

El alcalde de dicha población, Ignacio Ramos, aseguró haberse enterado de lo sucedido por la llamada telefónica de este diario, ya que acababa de llegar de viaje de Madrid y no había pasado por el Consistorio, aunque hoy tratará de recabar alguna información sobre lo sucedido y como afecta la operación a la institución que dirige.

Y es que entre los implicados en la trama podría haber funcionarios municipales dedicados a labores de informática y estadística que habrían manipulado el padrón y modificado fechas a fin de consignar una información falsa a cambio de dinero.

Actualmente, la legislación española en materia de extranjería exige ciertos requisitos para que un inmigrante que vive de forma ilegal pueda regularizar su situación, entre ellos el arraigo, consistente en residir un determinado número de años en el país y contar con tarjeta sanitaria, por ejemplo.

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