T ODOS les hemos visto más de una vez. Pasean calle arriba y calle abajo cargados con sus mochilas. Entran en los bares de moda y frecuentan las terrazas con ambiente. Ofrecen su mercancía con una sonrisa blanca que contrasta con su oscura piel. Son los vendedores del top manta. Cruzaron el estrecho de Gibraltar en busca de la tierra prometida. Pensaron que en Europa encontrarían la tabla de su salvación. La que les permitiría huir de la miseria de su tierra de origen. La que sustentaba un futuro ideal convertido de la noche a la mañana en un presente tenebroso. Un presente fuera de la legalidad. Un trabajo que les puede llevar a la cárcel como ya les ha ocurrido a más de 500 de sus colegas y a tener que hacer frente a multas que superan los 20.000 euros en algún caso. Y es que la Comisión de Justicia del Senado debate hoy las enmiendas presentadas al proyecto de ley que el Gobierno Zapatero presentó en el Congreso con el fin de renovar los artículos 270 y 274 del Código Penal, con el que pretendían evitar que la venta de material pirata fuera considerado como delito y tuviera carácter de falta. Un estudio asegura que los contenidos digitales pirateados en España en la segunda mitad del 2009 podían evaluarse por encima de los 5.000 millones de euros. Cierto es que el mercado musical está en crisis y que el cinematográfico también se ve afectado por las descargas ilegales, pero el que esté libre de pecado que se atreva a arrojar la primera piedra sobre los iñakis de nuestras calles. Seguro que ello no son los culpables.