El PP e IU coincidirán esta semana en presentar al pleno de la Diputación Provincial iniciativas de rechazo a las medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno central para reducir el déficit público. El PP instará al Ejecutivo de Zapatero a «que elimine» las medidas previstas para la supresión de la revalorización de las pensiones contributivas. Además, solicitará que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo «urgente» para reanudar sus trabajos, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas que sean necesarias «para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social».

Así, según indicaron los populares, las dificultades económicas y de paro del país y «el desmesurado» déficit público, «obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por la zona euro, que a su vez atraviesa un período de inestabilidad al que es preciso dar soluciones coordinadas».

El PP en la Diputación también instará al Ejecutivo central, a través de una moción, a que no se recorte el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes debido al perjuicio que se provocaría a este sector de la población. Según recordaron, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón i Cusi, anunció un recorte del 65% respecto al pasado año en el fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes. El anuncio, realizado en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Inmigración, fue recibido «muy negativamente» por la mayoría de los consejeros de las distintas comunidades autónomas.

Limitar los salarios

Por su parte, el grupo de IU en la institución supramunicipal , en la que forma parte del equipo de gobierno, también ha mostrado su rechazo a las medidas gubernamentales y en una moción instará al Ejecutivo central a adoptar diferentes iniciativas para recuperar el déficit, como por ejemplo, limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada, así como las retribuciones por todos los conceptos en la Administración General del Estado, en sus organismos vinculados o dependientes y en cualquier institución de derecho público sometida a la Ley de Contratos del Estado. De la misma forma, en las instituciones con autonomía para fijar sus retribuciones el Gobierno, según IU, deberá propiciar un acuerdo.