Especial para EL MUNDO

Hungría y Eslovaquia se enzarzaron ayer en un conflicto diplomático-legislativo que amenaza seriamente las relaciones de estos, hasta ahora, buenos vecinos. El Parlamento húngaro aprobó a media mañana, por 344 votos a favor y sólo tres en contra, la ley de doble nacionalidad, que pretende recuperar a la población magiar que mantiene su identidad como minoría étnica en otros países centroeuropeos y que asciende a más de dos millones de ciudadanos.

Sólo se les pedirá demostrar parentesco húngaro y hablar el idioma, más un certificado de penales. Los mayores grupos de magiares se encuentran en Rumanía y Eslovaquia, que se convierten en los más afectados.

La respuesta de Eslovaquia fue inmediata, ayer por la tarde, con una ley tramitada en el Parlamento de Bratislava por vía de urgencia y en virtud de la cual se retirará la nacionalidad eslovaca a todo aquel que solicite la húngara. Esta ley de castigo fue votada por 90 de los 150 diputados eslovacos e intenta tapar el boquete abierto en su población, para la que el medio millón de magiares que podría solicitar la nacionalidad húngara supone alrededor del 10% del total.

Las consecuencias de ambas normativas son prácticamente simbólicas y no pasarían un control serio de los respectivos Tribunales Constitucionales, ya que Hungría otorgará a los magiares extranjeros una nacionalidad capada, que no da derecho ni a voto ni a prestaciones sociales ni pensiones, mientras que la ley eslovaca se salta a la torera la frase de su ley fundamental que afirma que a ningún eslovaco se le puede privar de su nacionalidad. Pero el carácter altamente simbólico de ambas normativas y la exaltación de las declaraciones políticas que las acompañan han enfrentado a los dos países.

«Hoy es un día histórico», clamaba ayer el presidente húngaro, Laszlo Solyom, mientras en Eslovaquia, el líder del Partido Nacionalista Eslovaco (SNS) en el Gobierno, Jan Slota, consideraba que «la escalada nacionalista del gobierno Orban amenaza la estabilidad de la zona» y hablaba incluso de prepararse para un conflicto armado.

Lo cierto es que la Ley sobre la Ciudadanía ha sido una de las primeras decisiones del nuevo gabinete del conservador Viktor Orban y su partido, el Fidesz, que tomará las riendas del Gobierno a finales de este mes, aunque ya controla con mayoría absoluta la Cámara. Su aprobación no ha sido siquiera consultada con los países vecinos afectados.

Algunos analistas advierten sobre las diferencias entre el viaje al centro que Viktor Orban emprendió antes de las elecciones y que le permitió hacerse con una mayoría indiscutible y el que ha tomado las riendas en Budapest mostrando sin complejos los tics de derecha nacionalista que parecía haber abandonado.